Redacción Vía País
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, anunció a través de su cuenta de X (ex Twitter) que el Gobierno apelará el fallo en la causa por la expropiación de YPF.
“El presidente analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, sentenció.
“El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska”, concluyó.
Este viernes se conoció la sentencia de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, quien optó por el escenario más desfavorable para el país. Para Argentina, el juicio ya estaba perdido y pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares.
La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretensión argentina radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios argentinos en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.
Según Clarín, Argentina quería que la jueza Preska indicara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación. De esa forma, la compensación sería desde ese día. Además, buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que le iban a aplicar (desde 2012, cuando se expropió, a 2023) fuera del 0%. Eso daría cerca de USD 5.000 millones.
QUIÉN ES EL DEMANDANTE
Burford Capital es un fondo de cobertura que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo. En este caso, la firma adquirió el proceso de quiebra de 2 empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía Inversora y Petersen Energía), que poseían acciones por el 25% de YPF.
Estas compañías compraron acciones a través de préstamos de bancos internacionales y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. Sin embargo, el pago de los créditos se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF, que fueron expropiadas por el Estado argentino a la española Repsol durante el Gobierno de Cristina Kirchner.
A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.
CÓMO FUE LA EXPROPIACIÓN DE YPF
En 2012, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner promovió un proyecto de ley para recuperar la conducción de la petrolera privatizada en 1999. El mayor promotor de la propuesta fue Axel Kicillof, quien por aquellos días se desempeñaba como viceministro de Economía.
El 16 de abril de ese año, Cristina Kirchner tomó un primer paso al establecer la intervención de la compañía y dejar su conducción en manos del ministro de Planificación, Julio de Vido, y de Kicillof. “El modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental. No será manejada por un grupo empresario nacional ni internacional, sino por el Estado nacional”, justificó la jefa de Estado.
La iniciativa avanzó luego en el ámbito legislativo y el Congreso de la Nación aprobó, en mayo del mencionado año, la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, la cual permitió expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscale