Patricia Bullrich pidió que la Justicia expulse a los extranjeros no residentes que cometen delitos

“El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado”, exigió la ministra de Seguridad, tras la masacre en la toma de tierras en La Matanza.

Bullrich pidió que la Justicia expulse a los extranjeros no residentes que cometen delitos.
Bullrich pidió que la Justicia expulse a los extranjeros no residentes que cometen delitos. Foto: José Gutierrez

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo este martes un llamado enfático para que la Justicia expulse de manera inmediata del país a los extranjeros que no tienen residencia y que cometan delitos. Las declaraciones se producen en el contexto de la reciente toma de terrenos en La Matanza, provincia de Buenos Aires, que resultó en un trágico enfrentamiento con cinco personas fallecidas.

“En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, afirmó Bullrich durante una entrevista en Radio Mitre.

La funcionaria insistió en que aquellos que cometan delitos graves, como usurpación o violencia, deberían ser expulsados a menos que hayan nacido en Argentina o tengan residencia permanente.

Brutal tiroteo en La Matanza.
Brutal tiroteo en La Matanza.

“El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”, resaltó Bullrich.

Esta postura de la ministra de Seguridad se suma a demandas anteriores desde la Ciudad de Buenos Aires, donde se instó a acelerar la expulsión de delincuentes extranjeros. Justamente, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y luego su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, hablaron de la necesidad de restablecer un decreto firmado en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Bullrich también lideraba la cartera de Seguridad.

El Decreto 70, firmado en enero de 2017, modificó la Ley de Migraciones para establecer un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” que permitía negar el ingreso y expulsar de manera más ágil a delincuentes extranjeros.

Sin embargo, este decreto fue derogado en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández, argumentando que había modificado aspectos sustanciales de la Ley de Migraciones que eran inconciliables con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

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