Echaron a una empleada del Estado por un fraude de más de 1.300.000 pesos

Pasó en San Juan. La mujer cumplía funciones en la División Sueldos del Ministerio de Educación.

El policía acusado trabaja en el Centro Cívico de la provincia de San Juan.
El policía acusado trabaja en el Centro Cívico de la provincia de San Juan.

A través del Boletín Oficial, el Gobierno de San Juan expuso el caso de una empleada pública que fue desafectada de sus funciones por un fraude de más de 1.300.000 pesos. La mujer fue identificada como Sandra Deolinda Maya, quien cumplía funciones en la División de Sueldos del Ministerio de Educación de la provincia. La maniobra fue denunciada en 2019 y ahora, tras una larga investigación, las autoridades decidieron dejarla cesante en su trabajo.

//Mirá también: San Juan recibió el reintegro de los 18 millones de euros por la frustrada compra de vacunas

Según publicó Tiempo de San Juan, la decisión fue tomada por el Ministerio de Educación y el Poder Ejecutivo Provincial se hizo eco de la medida dictando el decreto. La acusada era planta permanente con categoría 14 y era muy conocida en los pasillos del Centro Cívico, el edificio público donde funcionan todos los ministerios.

Respecto al fraude, se supo que la maniobra fue descubierta y denunciada en la Justicia en 2019. En un principio las autoridades detectaron que, entre el 1 de noviembre de 2018 y el 11 de junio de 2019, se realizaron liquidaciones irregulares de sueldos y que ese dinero fue acreditado en una misma cuenta bancaria. Esa cuenta justamente pertenecía a Maya.

Aparentemente la mujer tenía acceso a las claves de liquidación de sueldos y se aprovechó de eso para desviar dinero. Fueron 22 liquidaciones las que se realizaron por un monto total de 1.310.099,70, según constan en los datos bancarios y seguimiento informático. Antes de llegar a sus arcas, el dinero era transferido a distintas personas que tenían en común una misma cuenta.

//Mirá también: La Justicia sanjuanina avaló al IPV en la quita de una vivienda a un adjudicatario incumplidor

Después de que salió todo a la luz, a la empleada le iniciaron un sumario administrativo. Ahora no sólo fue echada por el Gobierno provincial tras haber violado e incumplido las normas del Estatuto de la Administración Pública, sino que también deberá enfrentar una causa penal en el Segundo Juzgado de Instrucción por el presunto delito de fraude.