La Suprema Corte de Justicia de Mendoza aceptó el reclamo del Obispado de San Rafael y autorizó la realización de prácticas religiosas en todas las escuelas públicas de la provincia. El fallo declaró nulas dos resoluciones de la Dirección General de Escuelas de 2018 y habilita las misas y el dictado de clases de catequesis, entre otras actividades. Frente a esto, desde la DGE aseguraron que acatarán a la disposición judicial.
La disposición judicial advierte que la medida del gobierno escolar “transgrede normas constitucionales”, ya fue repudiada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Mendoza y no deja de sorprender ya que la histórica normativa indica que la enseñanza estatal debe ser laica. Así lo dispone la ley 1.420 de Educación Laica, que debe velar, además, por una enseñanza gratuita y obligatoria.
La respuesta de la DGE
Ni bien se conoció el fallo, desde la DGE advirtieron que acatarán la medida dictada por la Justicia. “Se redactará una nueva resolución respetando la ley de educación laica y los derechos individuales de culto de cada persona”, manifestó Sebastián Boulin, director de Asuntos Jurídicos de la cartera dirigida por José Thomas.
“Estamos convencidos de que los jueces no fallaron mal sino que interpretaron mal la resolución existente y lo que haremos es modificar ciertas cuestiones que, al parecer, no fueron bien expresadas”, expresó el funcionario y agregó que la misma será redactada en los próximos días.
Boulin manifestó que “en la nueva resolución se otorgará el permiso para brindar educación religiosa, pero las clases no podrán coincidir con el horario de escolaridad de los estudiantes. Seguimos apostando por la educación laica en las escuelas”.
Opinión de los docentes
Conocida la medida judicial, los docentes también quisieron exponer sus opiniones y posturas y Cristian Montenegro, profesor de enseñanza especial, manifestó a diario el Sol: “No me parece adecuada la incorporación de la religión en las escuelas públicas. Necesitamos una escuela laica que eduque en valores humanistas, universales, en la pluralidad y la convivencia”. Asimismo agregó que lo que hoy se necesita es una escuela que lleve la bandera de la diferencia, la diversidad, los valores éticos y no tantos sexistas y democráticos.
Por su parte, Tatiana Agüero, docente de Primaria (rural y urbano) aseguró que “son los padres los que le deben inculcar la religión que quieran a los chicos, la elijan o no a futuro”. “Lo que sí hay que seguir trabajando y profundizando en la escuela estatal es la educación en valores y la educación emocional. Si somos capaces de crear buenas personas, con saberes y capacidades para pensar, entonces hemos cumplido la misión”, expresó.
En tanto, Paloma Giménez, docente de Primaria, Secundaria y Terciaria, afirmó: “El fallo realmente es vergonzoso. Imponerle a los niños, niñas y niñez un ritual es parte de una colonización que no compartimos ni estamos de acuerdo”. “En las escuelas públicas no se puede enseñar religión y en las privadas debería analizarse la situación ya que el hecho de que sean privadas no implica que los priven a los chicos de sus derechos”, sentenció.
Por último, consultado el profesor Sebastián Giménez aseguró que “no es una decisión acertada la de los jueces”. “La Iglesia Católica ha perdido espacio frente al avance de las Evangélicas y busca esta excusa para recuperar su lugar. Estoy en desacuerdo ya que la religión es un acto privado, voluntario y libre, nadie puede obligar a nadie a que lo ejerza”, comentó.
El docente también aseveró que esto llega justo en un contexto en el que se está debatiendo la interrupción voluntaria del embarazo. “Se está volviendo a una especie de cruzada, es un volver atrás en el tiempo que es muy preocupante”, concluyó. Fuente El Sol