El agente de la Dirección de Protección Ambiental de Mendoza fue despedido este lunes de su puesto por haber falsificado cédulas de su área. Las irregularidades se presentaron en un informe del Área de Residuos Peligrosos.
El decreto que avaló el despido fue el N° 2.322, el cual está firmado por el Gobernados Rodolfo Suárez. El mismo está vigente en el Ministerio de Infraestructura de la provincia que fue quien cesanteó a un empleado.
Las irregularidades que presentaron sospechas fueron las de la recepción de constancias de pagos de aforos y en la Tasa de Evaluación y Fiscalización. El inspector oficiaba de gestor para las empresas a quienes terminaba perjudicando.
El informe que el empleado público presentó fue investigado y en él notaron que había una repetición o duplicación del número de transacción de las acciones. Esto implicaba que el comprobante o código pagado se agregara a varios expedientes de forma reiterativa. Por lo tanto, el hombre “simuló” un pago que no se había realizado.
En todos los casos, las cédulas de notificación están firmadas por el agente en cuestión, quien incorporó códigos adulterados o duplicados.
A través de su defensora, Gustavo Federico Gonzales desconoció los testimoniales del cargo y planteó la nulidad ofreciendo pruebas donde también se advirtieron irregularidades. Por este motivo presentó un nuevo descargo.
El decreto afirma que: “que existe la posibilidad de la comisión de un delito ante la falsificación o adulteración de las firmas de las empresas quienes claramente negaron la autenticidad de las firmas puesta en las cédulas, pero solo en el ámbito penal se podrá determinar la vinculación o responsabilidad penal de los intervinientes, no en el sumario administrativo”.
“Que el agente González iba a las empresas y retiraba la documentación para presentar en la Dirección de Protección Ambiental, cobraba por sus servicios y le reintegraban el dinero que el abonaba por los Códigos”, añade la investigación.
“En la especie nos encontramos con una serie de irregularidades que conforme su naturaleza e importancia podemos calificar de muy graves, toda vez que el agente González ha incurrido en una serie de conductas contrarias al procedimiento normal de sus funciones en beneficio propio afectando para ello bienes y documentación pública e incurriendo en una conducta inmoral e indecorosa”, concluye el informe.