Bañarse en cauces de riego está prohibido y existen legislaciones en Mendoza que lo penan. La campaña busca generar conciencia.


Con las altas temperaturas que se registran en época estival en Mendoza, es usual – pero no por eso correcto– ver a personas refrescándose en río, zanjones o canales de riego no aptos para el baño, pese a las reiteradas advertencias de prohibición. En los últimos cinco años murieron 57 personas por esta causa, la mayoría  jóvenes y niños.

​El Departamento General de Irrigación renovó este enero su campaña de prevención llamada Verano #SinMuertosDeCalor, que busca generar conciencia sobre los peligros que existen al bañarse en cauces no habilitados para tal fin. Se busca evitar tragedias humanas y que se altere el sistema de distribución de agua.

Bañarse en cauces de riego está prohibido y existen legislaciones en Mendoza que lo penan.

Personas refrescándose en zanjones.

Si te tirás, abajo del agua hay…

En canales y diques hay rocas. También sistemas de compuertas que succionan el agua y pueden provocar la muerte instantánea. La baja temperatura del agua puede ocasionar también un shock térmico y la propia corriente, según la traza y pendiente del canal, inevitablemente arrastran y sumergen al bañista.

Mendoza cuenta con 38 diques y más de 12 mil km de canales (5000 km en la cuenca del río Mendoza entre primarios, secundarios y terciarios), de los cuales un porcentaje importante se encuentra en propiedades privadas (fincas), por lo que se hace necesario que la ciudadanía en general tome conciencia de los riesgos que implica bañarse en los cauces, ya que en la mayoría de los casos es imposible contar con la ayuda y auxilio inmediato.

Imagen de la campaña de Irrigación.

Una Ley pena el uso indebido de cauces

El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza sancionaron, en 2018, la Ley 9099 Código Contravencional, que en su artículo 124, menciona penas por bañarse en cauces de agua no autorizados para ese fin de hasta $5 mil. En tanto, en su artículo 138, también pena la obstrucción, alteración o deterioro de los cauces de agua con hasta $28 mil.




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