El diputado Ramiro Tizón confirmó que la Legislatura investigará a la presidente y dos vocales del órgano de control, como también al fiscal general ante el Superior Tribunal de Justicia


Quedó integrada este miércoles en la Legislatura la “sala acusadora” para dar inicio al juicio político al fiscal general del Poder Judicial y a tres integrantes del Tribunal de Cuentas, por supuesto incumplimiento en sus deberes de funcionarios.

Las denuncias son contra Nora del Valle Millone Juncos, presidente del Tribunal de Cuentas, y los miembros de la Vocalía Contable Sala II, Mariana Leonor Bernal y René Antonio Barrionuevo Lacour, como también contra el fiscal general ante el Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Ficoseco.

La primera está referida “a los controles realizados o no realizados (período 2012-2015) en actuaciones que tienen relación con lo que después se conoció como Megacausa”, dijo el diputado socialista Ramiro Tizón, presidente de la sala acusadora, que está integrada por 24 legisladores, es decir la mitad de la Cámara de Diputados. La porción restante conforma la comisión investigadora.

El juicio político a los mencionados integrantes del órgano de control es por la supuesta omisión en efectuar las denuncias que hubiese correspondido, avalando así que se cometa delitos en perjuicio del Estado vinculados a la “Megacausa”, el expediente judicial que aún se investiga, y donde, entre otros, están acusados miembros de la organización Tupac Amaru, el exgobernador Eduardo Fellner y otros exfuncionarios.

Con respecto al fiscal general Ficoseco, trascendió que la denuncia hace foco en  dos ejes, uno es la supuesta “falta de actuación respecto de los hechos de violencia en la Casa de Gobierno durante una protesta de organizaciones sociales y a situaciones específicas ocurridas durante la gestión anterior”, y por otro lado “la falta de presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción”.

El proceso, basado en sendos pedidos ingresados a esa Cámara la semana pasada, es cuestionado por bloques de la oposición que interpretan que “conlleva una gravedad institucional” y responde a “una decisión política” de la bancada oficialista. Además plantean que en primer término debió constituirse la “sala investigadora”.

“Lo primero que hará esta comisión acusadora es notificar a los denunciados para que ejerzan sus defensas y ofrezcan toda la prueba necesaria; después se realizará la evaluación correspondiente”, explicó Tizón.

Como se dijo, en la pasada sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia tomaron estado parlamentario los dos pedidos de juicio político a través de la presentación realizada por dos ciudadanos por la mesa de entradas de la Legislatura.

“El pedido de juicio político (al fiscal Ficoseco) lo hizo una ciudadana particular y lo ingresó el bloque radical”, apuntó el diputado justicialaista Javier Hinojo, que a la vez advirtió a la ciudadanía “estar alerta ante las medidas que se está tomando porque son golpes institucionales que avasallan otros poderes, no sé si con el fin de intimidarlos o disciplinarlos”, mientras que su colega Juan Cardozo Traillou sostuvo que “hay un objetivo político del tipo persecutorio ya que es la segunda vez que ingresa este pedido de juicio político” contra el funcionario del Poder Judicial.




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