Verónica Romero
Un hecho de abuso sexual conmocionó a la localidad de Puerto Iguazú y más precisamente a la comunidad Fortín Mbororé. Una niña de 11 años, víctima de abuso, se encuentra cursando un embarazo de casi cinco meses de gestación. Desde el SAMIC activaron el Protocolo para la Atención Integral de las personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (Ley 27.610).
La causa se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción N°3 de Puerto Iguazú, a cargo del Magistrado Martín Brítez. La niña fue retirada de su hogar y trasladada al Hospital SAMIC por pedido de una agente sanitaria mbya de la comunidad Fortín Mbororé, quien fue la que detectó el embarazo en la menor.
Tras ser informado el Magistrado interviniente, se ordenó el allanamiento de la vivienda de la niña y se procedió a la detención de su padrastro. Horas pasadas de ello, el hombre fue citado a declaración indagatoria donde hizo uso a su derecho constitucional de permanecer en silencio, sin que ello presuponga culpabilidad.
“El caso lo está manejando en estos momentos salud pública, conforme a la ley y protocolos vigentes y ello no entra dentro de la esfera judicial. Se está esperando saber qué medidas toman para ver cómo se prueba que ese embarazo responde al abuso sexual imputado al detenido” informaron fuentes judiciales.
Según se supo, la madre de la niña no estaba al tanto del embarazado de la pequeña, ni mucho de las situaciones de abusos perpetradas en un principio por su pareja. Se espera además, que en los próximos días la menor de 11 años declaré en Cámara Gesell.
Mientras tanto, la niña se encuentra internada en el SAMIC bajo el cuidado de su abuela, por pedido estricto de la menor. Se prevé que sea la mujer quien se encargue del resguardo de su nieta una vez dada de alta.
Interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina
El 24 de enero entró en vigencia en todo el país la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto.
Las disposiciones de la ley son de orden público por lo tanto de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.