Redacción Vía Córdoba
El pasado martes, la Fiscalía de Anticorrupción imputó por abuso de autoridad a la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana María Becerra. El fiscal, Matías Bornancini consideró que es responsable de que el sancionado cabo 1º Lucas Gómez regresara a la calle y portara el arma que mató a Valentino Blas Correas el pasado 6 de agosto.
Ante esta decisión, diferentes actores relacionados al caso mostraron su postura. En primera instancia, la familia del joven asesinado se mostró conforme con este avance en la causa. Mientras que, en la Unicameral el tema produjo un fuerte reproche opositor hacia la política provincial de seguridad.
La palabra de Becerra
En un primer descargo ante La Voz, Becerra apuntó contra la propia Policía: “En este caso (en referencia a lo sucedido en torno al policía Gómez), se levantó la situación pasiva porque no había más elementos de prueba, el policía recupera su estado, pero ingresa en tareas no operativas, ya que se le devuelve el arma después de un acto físico y psíquico, y un psicólogo le da la autorización para portar armas”.
Y continuó explicando: “A partir de esa autorización que otorga un equipo de psicólogos de Recursos Humanos de la Policía, se le hace una nueva prueba de aptitud de tiro y en algún momento se determina que vuelva a la actividad. Todo eso como consecuencia de que se levanta la situación pasiva, pero no es el Tribunal de Conducta el que maneja las armas. Nosotros somos un tribunal civil administrativo y en ningún momento retenemos ni devolvemos las armas”.
Repercusiones
Tanto la imputación de Becerra como sus dichos posteriores generaron un clima de preocupación tanto en Jefatura como en el Panal, según advirtieron diversas fuentes consultadas al respecto. No obstante, se indicó que por ahora Becerra continuará al frente del Tribunal de Conducta Policial.
Este tribunal tiene la facultad, entre otras actividades, de poner en situación pasiva a los uniformados que son acusados por la Justicia de diversos delitos.
Ante una posible contradicción en el hecho de que Becerra sí continúe activa pese a estar en funciones, las fuentes explicaron que para los miembros del tribunal no rige la misma norma, ya que se trata de personal civil que no porta armas ni participa de operativos.
La palabra de la familia de Blas
A todo esto, los padres de Blas, Soledad Laciar y Fernando Blas Correas, se mostraron conformes con el avance de esa causa, aunque advirtieron que toda la investigación debe continuar profundizándose hacia los eslabones “superiores”.
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“A mi hijo lo mataron cuatro veces: cuando dejaron que estas personas portaran un arma de guerra, cuando le dispararon, cuando armaron la red de encubrimiento y cuando no lo dejaron continuar a su amigo para que lo llevara hasta la clínica”, indicó el papá.
Reproches en la Unicameral
En la sesión de este miércoles, la primera minoría de Juntos por el Cambio anticipó que presentará un proyecto para conformar una comisión investigadora especial que se aboque a determinar las responsabilidades políticas del Tribunal de Conducta Policial.
“El Gobierno ha decidido cerrar filas para no responder por qué un imputado por encubrir a un violador serial en La Calera (el cabo Gómez) estaba en funciones y quién lo recomendó para ser reincorporado; por eso no alcanza con un pedido de informe y propondremos conformar una comisión investigadora porque hasta aquí la respuesta del Gobierno siempre fue la misma: el silencio”, dijo Juan Jure.
En ese sentido, Daniela Gudiño, del mismo bloque, reclamó la presencia en la Legislatura del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. “La situación en materia de seguridad es grave, crítica, y requiere cambios sustanciales. No hay política de seguridad”, señaló.
En tanto, Marcelo Cossar de la UCR apuntó contra Becerra y dijo: “Es una funcionaria política, designada por el Ejecutivo en el Tribunal de Conducta Policial desde 2006, no es una funcionaria policial. Ocupa un cargo en representación del Ejecutivo. Sin embargo, el ministro de Seguridad sigue creyendo que es un tema por el que no amerita venir a esta Legislatura a contestar un pedido de informe”.
Cossar reclamó por la falta de registro de lo expresado por el padre de Blas durante la reunión del 16 de abril en la Legislatura. La oficialista Natalia de la Sota explicó que ese encuentro fue “una audiencia, no una reunión de comisión”, por lo que no correspondía el registro en video o taquigráfico.
“El caso de Blas dejó más claro que nunca que hay un modus operandi con la construcción de supuestos enfrentamientos, plantando armas; y, como si fuera poco, estos agentes tenían causas pendientes de elevación a juicio y les permitieron portar armas”, dijo la legisladora del FIT Noel Argañaraz.
Fue la legisladora Victoria Busso la oficialista encargada de pedir el archivo de los pedidos de informes y reclamos de citación: “Confío en la Justicia. La política tiene que correrse y dejar que la Justicia busque la cadena de responsables. Corresponde respetar la división de poderes”, dijo Busso.