Blas Correas: a seis años del crimen que marcó un antes y un después en Córdoba
Mientras los autores materiales cumplen prisión perpetua, la Justicia avanza sobre exfuncionarios y la Policía de Córdoba.


El 6 de agosto de 2020 quedó grabado como una de las fechas más dolorosas de la historia reciente de Córdoba. Aquella madrugada, Valentino Blas Correas, de 17 años, fue asesinado por efectivos de la Policía de Córdoba durante un control vehicular en avenida Vélez Sársfield, cuando regresaba de cenar junto a cuatro amigos.

Seis años después, el caso continúa teniendo consecuencias judiciales, políticas e institucionales. Las condenas contra los responsables ya fueron confirmadas, la investigación se amplió hacia exfuncionarios de alto rango y, en las últimas horas, la Provincia oficializó la cesantía de siete policías por su actuación durante el operativo.
En el marco del sexto aniversario del crimen, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario resolvió expulsar de la fuerza a siete efectivos al considerar que incurrieron en faltas gravísimas por no cumplir con el deber de proteger la vida de Blas cuando ya se encontraba gravemente herido.
La medida alcanza a la oficial principal Natalia Soledad Márquez; la oficial subinspectora Melisa Janet Escalante; los cabos Leonardo Alejandro Martínez, Diego Norberto González y Emanuel Alejandro Fachisthers; y los agentes Rodrigo Emmanuel Toloza y Ezequiel Eduardo Henot.

En el caso de Márquez, además, se le atribuyó haber ejercido violencia física contra una de las jóvenes que acompañaba a Blas. La resolución administrativa fue adoptada de manera independiente del juicio penal. Incluso Martínez y Toloza, que habían sido absueltos en 2023, perdieron ahora su condición de policías y los beneficios derivados de esa función.
La noche del 6 de agosto de 2020, Blas viajaba en un Fiat Argo junto a cuatro amigos cuando el conductor decidió no detenerse en un control policial al observar que uno de los efectivos les apuntaba con un arma.
En ese momento, los cabos Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón dispararon contra el vehículo. Uno de los proyectiles atravesó la luneta e impactó en la espalda del adolescente.

Tras el ataque, los jóvenes intentaron trasladarlo a un centro de salud, pero fueron nuevamente interceptados por móviles policiales. Durante la investigación también quedó acreditado que efectivos plantaron un revólver calibre 22 para intentar simular un enfrentamiento y justificar el accionar policial.
En abril de 2023, la Cámara 8 del Crimen condenó a prisión perpetua a Gómez y Alarcón como coautores del homicidio calificado de Blas Correas y de la tentativa de homicidio de los otros ocupantes del vehículo.

Además, otros nueve policías fueron condenados por distintos delitos vinculados al encubrimiento y la alteración de pruebas. En agosto de 2025, el Tribunal Superior de Justicia confirmó las penas y calificó el caso como un grave episodio de violencia institucional, al considerar que existió un abuso estatal incompatible con un Estado de derecho.
La causa también avanzó sobre la cadena de responsabilidades políticas y de mando. Actualmente se investigan las actuaciones de exfuncionarios, entre ellos el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera, además de otros exjefes policiales y funcionarios que tuvieron intervención durante el operativo y las horas posteriores al crimen.

En paralelo, continúa impulsándose en el Congreso el proyecto conocido como Ley Blas, una iniciativa que propone reformar los mecanismos de control y la formación de las fuerzas de seguridad para prevenir nuevos casos de violencia institucional.

Seis años después, el crimen de Blas Correas sigue siendo una causa abierta en distintos frentes. Además de las condenas penales, el expediente continúa generando consecuencias administrativas, políticas y legislativas que mantienen vigente el reclamo de justicia impulsado por su familia.