Luego de lo ocurrido en barrio Yofre Sur con el caso de Lidia Cabrera, una mujer que fue asesinada a golpes por sus vecinos, aparece en la ciudad un nuevo caso de hostigamiento vecinal y violencia urbana. En esta oportunidad, se trata de una familia de barrio José Ignacio Díaz que aseguran que viven bajo un acoso constante.
Desde hace ya largos meses, viene denunciando todo tipo de amenazas y agresiones, pero no logra hasta ahora que alguna institución del Estado se involucre en la situación. En el caso, tres fiscalías del Distrito judicial 2 se tiran la pelota una a otra, sin que hasta ahora haya una investigación para intentar poner fin a la situación que la familia viene denunciando. Se trata de las fiscalías de Distrito 2 Turno 4 (a cargo de Víctor Chiapero), la de Distrito 2 Turno 5 (a cargo de José Villegas) y la de Distrito 2 Turno 6 (a cargo de Eugenia Pérez Moreno).
Vivir con constantes amenazas
Laura, la denunciante, contó al programa Córdoba al Cuadrado, de radio Suquía, el padecimiento que vive con su familia. “Todo comenzó en el mes de septiembre cuando un grupo de chicas denuncian a un vecino de acá de la zona por violencia de género. Le hicieron un escrache en la puerta de la casa, y en medio de eso gritaron ‘Ni una menos’ y nosotras aplaudimos lo que gritaron las chicas”.
“Al día siguiente de este hecho, el hermano del chico escrachado le dice a mi mamá que la vida de un pibito no valía nada. Que él pagaba 500 pesos para que alguien le pegara un tiro a mi hermanito, que no tenía nada que ver porque las que aplaudimos fuimos yo y mi hermana, él no estaba”, y continuó contando: “Nos dieron una serie de condiciones para que no le pegaran un tiro a mi hermano: nosotros teníamos que disculparnos con él, con la familia y no aplaudir si venían nuevamente las chicas a escracharlo, y obviamente no denunciarlo”.
Desde entonces, la familia debe soportar innumerables actuaciones de violencia en su propio domicilio. “Eso fue un miércoles, el viernes, a las 3 de la mañana, nosotros tenemos negocio, vienen y nos avisan que a mi hermano le habían pegado un tiro. Fuimos corriendo hasta donde estaba y la policía en vez de proteger a mi hermano, estaban protegiendo al agresor. Ahí nos damos con que no le habían pegado, si no que habían tirado al aire para amedrentar”, recordó.
Y continuó: “Después de eso, nos amenazaron, juntaron 30 motos en la puerta de mi casa para asustarnos. Cuando nosotros preguntamos por qué, uno de la familia nos dijo que al ponernos del lado de las chicas aplaudiendo, le habíamos faltado el respeto a la familia, habíamos manchado su honor y que eso se paga”.
Sin respuestas de la Justicia
Laura asegura que piden intervención judicial desde que comenzaron las amenazas pero que todavía nadie les ha dado una respuesta. “Hicimos 4 denuncias desde el 14 de septiembre. La familia de ellos nos puso una restricción a nosotros, aunque ellos son los que la rompen, que se acercan, se nos ríen se nos burlan, no podemos salir solos, vivimos encerrados”, aseguró.
A raíz de la inacción de la justicia, la familia no tuvo más remedio que poner dinero y contratar a un abogado particular, Matías Claria, para que intente detener estas situaciones. Es así que, el letrado presentó una serie de recursos para pedir que alguna de las fiscalías a las que les tocó las denuncias termine por abocarse de una vez a este caso. Pero por el momento, ninguna fiscalía ha tomado el caso, por lo que ahora la Cámara de Acusaciones debe resolver cuál deberá ocuparse del caso.