La empresaria española María Pilar Hernández, afincada en la provincia de Córdoba desde hace una década, lleva más de un año buscando ayuda para reconstruir su empresa frigorífica, que se calcinó el 17 de octubre de 2017, y ahora espera que su llamado pueda llegar hasta el presidente Macri.
"Él (Macri) habla mucho de que quiere inversionistas en España para que inviertan en Argentina, y ¿Cómo puede ser que todo el mundo pueda pedir un crédito para una casa y nosotros que formamos un frigorífico tan grande no nos den una ayuda? (...) No queremos que nos regalen nada, queremos un pequeño crédito para poder avanzar", relató a Efe.
María Pilar y su expareja, el cordobés Julio Gallerano, se mudaron hace 10 años desde Andorra, donde residían, a Argentina y comenzaron a incursionarse en el negocio cárnico, "con una pequeña carnicería primero", y terminaron por adquirir el terreno de una hectárea sobre el que edificarían su fábrica.
Desde hace cuatro años, la empresa ya estaba funcionando con doce trabajadores a pesar de no estar terminada y no contar con la habilitación legal pertinente.
En el momento del incendio, la fábrica de "900 metros cuadrados" estaba ya "lista y preparada", aunque las llamas redujeron a cenizas las ilusiones de la pareja.
El origen del fuego nunca llegó a conocerse, ya que no se realizó ningún peritaje debido a que la construcción no contaba con seguro.
"Llevaba cuatro años funcionando, no estaba habilitada porque no estaba terminada, y por eso no me la aseguraban (...) No se hizo peritaje porque no teníamos seguro, decidimos no hacer nada", aseguró Julio Gallerano, expareja de María Pilar.
Este fue también el principal impedimento que encontraron a la hora de solicitar a las instituciones políticas y financieras un crédito para poder reconstruir su negocio.
"Al no estar habilitada la fábrica no nos dieron ni crédito porque no pudimos terminar, me empezaron a llamar pero siempre me daban la misma contestación, al no tener a toda la gente trabajando en blanco no podían hacer nada", manifestó Gallerano.
Según sus palabras, su intención era regularizar la situación de todos los empleados una vez la construcción estuviera finalizada y estima que podría dar empleo a 40 personas más para contribuir a la producción de 20.000 kilos de carne semanales.
En cuanto a los 12 empleados que ya trabajaban en las instalaciones, perdieron sus empleos y, como cuenta María Pilar, ella y su expareja "se hicieron cargo de los sueldos" y también de los impuestos de la mitad de los trabajadores, que si contaban con un contrato laboral.
Tras más de un año de conversaciones financieras y varios ministerios, de acudir incluso a la Casa Rosada a presentar sus argumentos y de escuchar muchas "falsas esperanzas", ahora esperan que su historia llegue a las más altas esferas del Gobierno y les ayuden a "seguir trabajando".