Por Juan Pablo Martínez. Durante la última dictadura, los militares secuestraron a personas y las torturaron en el subsuelo del Palacio 6 de Julio. Las víctimas reclaman un memorial en el lugar.


La misma penumbra que envuelve al subsuelo de 27 de abril y Cañada asfixia los recuerdos que Francisco Luis Sánchez y Beatriz Argüello guardan de abril del ‘76, cuando apenas pasaba un mes del inicio de la época más oscura en Argentina: el inicio del golpe militar que culminó en el ‘83 y que dejó heridas en nuestra sociedad que no curan (30 mil desaparecidos) o que comienzan a cicatrizar recién por estos días.

Francisco y Beatriz hace cuatro años comenzaron a reconstruir su historia para poder contar su verdad en el Archivo Provincial de la Memoria y buscar justicia por las torturas y vejámenes que sufrieron en un sitio que es cotidiano a todos los cordobeses pero que esconde retazos macabros de nuestra historia: la Municipalidad.

Estos dos empleados municipales, junto a otros 10, cuentan que durante aquella época la cochera del Palacio 6 de Julio funcionaba como un calabozo de torturas para secuestrados que luego eran derivados hacia La Perla o Campo de la Ribera y en el mejor de los casos liberados luego de varias horas o días de tormentos.

Beatriz tiene dos hijas, una de ellas nació en noviembre del ‘75, meses antes de que el horror comenzara, y nunca se animó a contarles el infierno que le tocó vivir en ese subsuelo el 28 de abril del ‘76 hasta hace unos años.

“Yo necesitaba contar lo que había vivido, entonces antes de ir a declarar al Archivo de la Memoria les escribí una carta a las dos. Que ellas me juzgaran como más les pareciera, pero yo estaba determinada a avanzar con esto”, relata con angustia la mujer.

Los padres de Francisco jamás se enteraron de lo que le tocó vivir. Su papá murió sin que se lo pudiese contar. Con sus hijos habló muy poco del tema.

Beatriz trabajaba para la Secretaría Privada del intendente depuesto José Domingo Coronel y Francisco era inspector. Él iniciaba sus jornadas de trabajo en la zorrera de Mariano Moreno y Duarte Quirós. Ambos eran militantes peronistas y fueron secuestrados por los militares cuando llegaban a sus trabajos y torturados en la cochera de la Municipalidad.

El proceso de construcción de memoria de estos sobrevivientes del terrorismo de Estado derivó en la intención de querer colocar un memorial en las afueras del Palacio 6 de Julio.

El testimonio de Francisco y Beatriz llegó al concejal Fernando Masucci (Fuerza de la Gente), quien presentó un proyecto de ordenanza para que se coloque un monumento en los alrededores de la cochera para que sea reconocida como un sitio de “detención y torturas en el contexto del terrorismo de Estado”.

“Lo que sucedió en el cochera es una verdad casi oculta, seguramente hay muchas personas que conocen qué pasó allí y otras que vivieron experiencias similares a las de Francisco y Beatriz. Es importante que esto se haga público, porque es probable que haya más casos desconocidos”, asegura Masucci.

La normativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Cultura del Concejo y ahora debe ser tratada por Legislación General.

A través del Archivo Provincial de la Memoria, que respondió un pedido de la Comisión de Cultura, se conoció que hasta el momento 12 personas declararon haber sido torturadas en la cochera de la Municipalidad durante la dictadura.

Natalia De la Sota, presidenta de la Comisión, indicó que el debate de la ordenanza llevó más de medio año, y que ofrecieron su testimonio algunas de las víctimas: “Nos sorprendió a todos porque desconocíamos que se había dado una situación de esta magnitud. Incluso llamó la atención de ‘Cacho’ Coronel, quien es mi asesor, y me aseguró desconocer que la cochera se hubiera usado para este fin”.

En el Concejo confían que el proyecto pueda ser aprobado este mes para que finalmente sea la Municipalidad la que instrumente la colocación del memorial en las inmediaciones de la cochera.

En el Ejecutivo el tema se trata con cautela. Aseguran que colocar el memorial va a llevar un tiempo. Una de las opciones que se maneja es un monolito en alguno de los canteros que están a los costados del ingreso a la cochera para que quede visible a los vecinos.

Guadalupe Mías, directora de Derechos Humanos, indicó que se manejan con prudencia por la complejidad que conlleva un proceso de construcción de memoria: “Entendemos que no es fácil para las víctimas contar lo que vivieron. Este caso en particular comenzó a trabajarse cuando aparecieron los primeros testimonios en el Archivo Provincial de la Memoria. No es sólo poner una placa, tenemos que instalar en la sociedad que la cochera funcionó como un sitio de detenciones ilegales y torturas”.

Francisco no vacila al contar su historia. Se muestra seguro, su voz no tiembla, pero sus gestos no pueden disimular el peso de sus palabras: “Yo tengo miedo de hablar de estos temas, miedo porque no sé si puedo llegar a estar lastimando a otras personas con mi testimonio, miedo a tener que revivir esta situación mentalmente de nuevo. 35 años después de lo que me pasó, cuando me junté con otras víctimas, pude expresarme, porque tenía un bloqueo muy grande. A todos les pedí perdón por no haber contado esto antes. Yo ahora quiero que esa cochera sea reconocida por el centro de torturas que fue”.






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