El sábado 4 de septiembre mi madre ingresó en el Hospital Pintos con un cuadro de neumonía severa. Rápidamente la asistieron, hisoparon y le efectuaron placas. En 40 minutos los enfermeros la llevaron a Sala General. La pude saludar mientras la trasladaban. Me sonrió. Fue la última vez que la vi con vida.

El lunes 6 concurrí al Hospital a las 11.20 hs., para recibir el informe (los domingos no se emiten partes y las visitas están suspendidas). El médico responsable lo hizo brevemente: pronóstico reservado dado lo avanzado de la edad y las comorbilidades adyacentes. El martes 7 me hice presente en el mismo horario para recibir el nuevo parte. Una hora después, cuando quedábamos 6 familiares en espera, el personal de seguridad nos invitó a retirarnos aduciendo que visto lo ocurrido, los médicos se habían ido del hospital. “Vayan tranquilos que después ellos los van a llamar”. Cuando pregunté qué había ocurrido, me informaron que habían apuñalado a un médico. Imaginé que el incidente había sucedido en el mismo Hospital, registré mis datos en un papel que me alcanzaron y me retiré a mi domicilio.

Grande fue mi sorpresa cuando comenzaron a surgir informaciones, comunicados y declaraciones públicas, donde el suceso se encuadraba en un hecho policial totalmente censurable, pero acaecido en una órbita externa al efector de salud. Mientras tanto esperé 5 horas el llamado prometido del médico a cargo de la Sala 3. Nunca ocurrió. Después de mucho trajinar pude localizarlo en su consultorio particular donde estaba atendiendo.

Es evidente que la medida de “solidaridad”, “repudio” y las preocupaciones de seguridad que se expresaron en los comunicados oficiales no alcanzaban el ámbito privado. A las 17.30 obtuve como toda respuesta cuatro renglones de un whatsapp donde me informaba que la situación de salud de mi mamá no había variado. En pleno temporal, a las 21.30 horas me convocaron telefónicamente desde el Hospital. A las 21.45 me informaron que mi madre había fallecido…una hora antes.

Cautivo (como tantos vecinos) de una decisión arbitraria, corporativista e inexplicable se nos negó el derecho a estar y nos dejaron a la deriva. El municipio avaló este accionar incomprensible desde la Secretaría de Salud, y la Dirección del Hospital con su Asociación de Profesionales. Un hecho criminal detestable concretado en un ámbito privado fue utilizado como pretexto para alejar a los familiares de las personas internadas negándonos la información y ‒en algunos casos‒ posibilidades de asistencia.

Las argumentaciones esgrimidas rozan la categoría de disparate. En tiempos donde se utiliza la palabra “empatía” y el “vamos a salir mejores” hasta el hartazgo, un grupo de profesionales y funcionarios irresponsables tiraron a la basura el capital acumulado por el aplauso de las 9 de la noche.

Hoy, felizmente, se levantó “la medida de fuerza”. Como era previsible no se brindó ninguna explicación. Muchos tampoco la pidieron. En Azul nos hemos acostumbrado a naturalizar las barbaridades. Desconozco cual fue la suerte del resto de las familias afectadas. Espero haya sido mejor que la mía. Mi madre se fue en paz, aunque no pudimos despedirnos como era nuestro derecho. Como todos nos merecemos.

Ojalá la misma paz de conciencia alcance a estos profesionales y funcionarios para mirar a los ojos a los suyos. Y que esto nunca más vuelva a ocurrir.

Rodolfo Grassía – DNI 14742245