Hace un año, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández anunció que mandaría 11 proyectos de ley que consideraba importantes para su gestión y para la sociedad. Dos no fueron enviadas y hay una particularmente anhelada por el Poder Ejecutivo, la reforma de los tribunales federales, que obtuvo solamente la media sanción del Senado. Las otras siete ya fueron sancionadas y están en vigencia.

A mediados de mayo de 2020, tras una parálisis de dos meses, el Congreso le encontró la vuelta a la posibilidad de discutir y votar leyes en sesión sin la necesidad de que los diputados y senadores viajen a Buenos Aires, para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, con la instauración, en ambas cámaras, de un sistema remoto, por la plataforma Webex.

Es así que, contra todo pronóstico, el período legislativo correspondiente a 2020 (de marzo a noviembre inclusive) fue el año con más sesiones desde 2012, con 42 reuniones entre las dos cámaras, más las extraordinarias realizadas entre diciembre y febrero, y se aprobaron alrededor de 70 leyes (un 47% más que en 2018).

Balance

Fernández todavía sigue sin mandar tres proyectos de ley que hace un año anunció que enviaría: el de desarrollo de los sectores hidrocarburífero y minero, la nueva ley de Educación Superior y el Consejo Económico y Social, que finalmente decidió crearlo por decreto hace dos viernes, cuando coincidieron ese anuncio con el estallido del escándalo de las vacunaciones VIP.

En cambio, sí mandó otras ocho iniciativas, de las cuales siete hoy son ley y una solamente obtuvo la media sanción del Senado: el proyecto de Organización y Competencia de la Justicia Federal.

La propuesta se encuentra estancada en la Cámara Baja debido a que la oposición la rechaza.

El período legislativo correspondiente a 2020, de marzo a noviembre inclusive, fue el año con más sesiones desde 2012.

En cambio, otros proyectos de la Casa Rosada anunciados hace un año ya son ley: la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); el plan de los 1.000 días; la ley de Economía del Conocimiento; la ley de ratificación de la Argentina al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo y otras tres leyes vinculadas con la soberanía territorial.

En rigor, a estas 11 leyes pedidas ante la Asamblea Legislativa se sumaron otras 11 leyes que mandó el Ejecutivo en el transcurso de su mandato.

Según un informe de Directorio Legislativo, para sus 22 leyes la Casa Rosada logró el aval del Congreso en casi el 67% de los proyectos.

Esto se reflejó en un Senado con mayoría propia oficialista, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, y una Cámara de Diputados con cintura para la negociación con bloques minoritarios, a cargo de Sergio Massa y del jefe de la bancada del Frente de Todos (FDT), Máximo Kirchner.

El apoyo con el que contó el Poder Ejecutivo actual fue mayor al que obtuvo Cristina Fernández de Kirchner durante el primer año de su segundo mandato (consiguió la aprobación de casi un 43% de los proyectos enviados por el Gobierno) y al que logró el expresidente Mauricio Macri en 2016 (un 50% de sus iniciativas durante el 2016).

Por la Corresponsalía en Buenos Aires.