Del primer mes del año se desprende un dato curioso: el Ministerio de Desarrollo Social, comandado por Daniel Arroyo, fue la cartera que más dinero recibió. Según se desprende de los datos oficiales, los programas a los que se les otorgaron más fondos fueron Políticas Alimentarias y el Potenciar Trabajo, a cargo de funcionarios de La Cámpora y del Movimiento Evita.

Durante los primeros 29 días de enero, el Ejecutivo transfirió $17.459 millones a programas presupuestarios que se encargan de la distribución de planes sociales (para políticas alimentarias o iniciativas tendientes a la creación de empleos para los sectores más vulnerables). Esas transferencias representan una erogación de $605 millones por día y ya equivalen a casi un 8% del gasto previsto para todo el año. Los datos, que publicó el diario Clarín, surgen del análisis del sitio oficial Presupuesto Abierto, dependiente del Ministerio de Economía.

Según se desprende de la misma fuente, otros ministerios percibieron, en proporción, muchos menos ingresos. Trabajo, por ejemplo, sólo lleva ejecutado el 1,1% de sus fondos; Economía, el 2,37%; Educación, el 0,75%; Presidencia de la Nación, el 0,8%; y Obras Públicas, el 0,71%. Salud, incluso en pandemia y a pesar del incipiente rebrote, recibió el 2,41% de los $198.000 millones estipulados para 2021.

Un 2020 con gasto social

Durante el año pasado, y especialmente a partir de la pandemia, el gasto social fue creciendo de manera sostenida. Comenzó con un aporte de $50.000 millones anuales para programas destinados a ayuda alimentaria y a la creación de empleo, que terminó cuadruplicado, con erogaciones que superaron los $200.000 millones. Además, las tres entregas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a cargo de la ANSeS, representaron erogaciones por un total de $270.000 millones.

El Presupuesto 2021 previó fondos para Desarrollo Social por $252.626 millones, que ya tuvieron un leve incremento y pasaron a ser $255.712 millones. De ese total, ya se giraron $17.888 millones. De ese número, casi el 90%, corresponde a partidas de los programas más nutridos del ministerio: Políticas Alimentarias y Potenciar Trabajo ($17.549 millones).

El programa Políticas Alimentarias ha tenido un fuerte primer desembolso durante enero: $7.439 millones, el 6,51% de los $114.250 millones que tiene que recibir en todo el año. Desde allí salen fondos destinados a “acciones vinculadas a la Tarjeta Alimentar, que consiste en una acreditación mensual de fondos” a titulares de la Asignación Universal por Hijo y otros planes. También desde allí salen recursos para la asistencia a comedores escolares. A cargo del área está una dirigente de La Cámpora: la secretaria de Inclusión Social, Laura Valeria Alonso.

El Potenciar Trabajo es la principal herramienta mediante la que Desarrollo Social apuesta a reemplazar al IFE, pero con una diferencia central: que exista una contraprestación laboral a cambio del ingreso que se paga. Para fin del año pasado, como extra, unos 700.000 beneficiarios del plan percibieron un bono de $9.450, casi idéntica suma al haber mensual de poco más de $10.293 que cobran por mes.

En el primer mes de 2021, Potenciar Trabajo fue el programa que más fondos recibió de Nación, dentro de la órbita de Desarrollo Social. Fueron, exactamente, $10.110 millones, el 9,04% de los $111.897 millones que tienen que asignarle en todo este año. El plan depende de la Secretaría de Economía Social, que se encuentra a cargo del dirigente social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Emilio Pérsico

Fondos a la Ciudad

Los dos programas con mayor presupuesto dentro de la estructura de Desarrollo Social se reparten en los 24 distritos del país. Según, publica Clarín, hasta el jueves 28, la Ciudad de Buenos Aires había sido la más relegada en cuanto al envío de fondos. CABA tenía poco más del 2,7% ejecutado, cuando el resto de las provincias lograba una ejecución de entre el 5% y el 10%. Sin embargo, el viernes 29, por la mañana, el gasto devengado había cambiado: en el caso de Potenciar Trabajo, los fondos crecieron hasta el 7,25% en ejecución; en el de Políticas Alimentarias, hasta el 4,69%. Aun así, comparado con el resto de las provincias, sigue siendo porcentualmente de las de menor nivel de ejecución.