La resolución la firmó el viernes pasado Aguad donde declaró ilegítima y nula una normativa de 2010.


La decisión del ministro de Defensa, Oscar Aguad, de dejar sin efecto la medida del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de separar de sus cargos y no ascender a una veintena de militares de alto rango, así como también de compensarlos con dinero, recibió este lunes un fuerte cuestionamiento de su antecesora en el cargo, la diputada kirchnerista Nilda Garré.

“Parece insólito que se los vaya a recompensar con una cantidad de dinero cuando hay recortes en todos los sectores”, dijo a este diario la ex ministra de Defensa y hoy presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

“La Presidenta ejerció sus facultades constitucionales, (las Fuerzas Armadas) son instituciones piramidales. No hay nada que reparar ni indemnizar, es sólo una cuestión de amistad (de parte de Aguad) y de generosidad incomprensible con los fondos del Estado a personas a las que no se hizo ningún tipo de agravio”.

El viernes pasado, por medio de una resolución Aguad declaró “ilegítima y nula” una resolución que en 2010 había firmado Garré por la cual separó de sus cargos y dispuso no ascender a 25 militares de alto rango (18 del Ejército, 8 de la Armada y uno de la Fuerza Aérea). Además, según publicó este lunes el Boletín Oficial, anunció que los militares afectados por la decisión de Garré recibirán una compensación en dinero equivalente a “la diferencia de los haberes que les hubiera correspondido percibir hasta el dictado” de esta nueva resolución; en otros términos, durante los últimos ocho años y con los sueldos equivalentes a los distintos grados militares que les habrían correspondido por los sucesivos ascensos.

Aguad defendió su resolución a través de declaraciones periodísticas. “Es una reivindicación ante una injusticia, como lo fue dejar afuera a miembros de las Fuerzas Armadas por su apellido. Una muestra del populismo del anterior gobierno, que tomaba decisiones sólo para quedar bien con sus votantes”, dijo a La Nación.

Aunque el monto a destinar para la “reparación económica” a la veintena de militares se desconoce, se presume que será multimillonaria. En ese sentido, Garré anticipó a este diario que presentará un pedido de acceso a la información pública para conocer a cuánto ascenderá el monto de “esta decisión tan generosa como inexplicable.

Y remarcó: “No podemos conseguir (en la Comisión de Defensa) una reparación para los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos del submarino San Juan por la falta de apoyo de Cambiemos. Hoy volveremos a insistir. Son unos 2 millones de pesos para cada familiar, que habían sido indemnizados con la irrisoria suma de 40 mil pesos por la ley de personal militar, que es muy vieja”. También contrastó lo que significará ese desembolso con la reticencia gubernamental a decidir mayores inversiones para las Fuerzas Armadas: “Es menos de 0,8 por ciento del PBI cuando tendrían que estar equipadas acorde con su misión disuasiva”.

Garré defendió además su resolución de hace ocho años con un argumento político: “Hay razones de mérito, oportunidad y conveniencia que tiene el Presidente y que le son discrecionales para decidir ascensos y proponerlos al Senado, si considera que esos oficiales reúnen los perfiles adecuados para llegar a ser la futura conducción de cada fuerza. Pero en el caso de esa veintena, había tres que habían hecho declaraciones claramente antidemocráticas, mientras que el resto carecía de perfiles adecuados de condiciones de mando para llegar a la condición, y había dudas sobre su compromiso con las instituciones y los derechos humanos”.

En su cuestionamiento a la decisión de Aguad, la diputada kirchnerista recordó que no es posible otorgar un beneficio extraordinario a esos militares sin acuerdo del Senado, la cámara que decide sobre las propuesta de ascensos que hace el Ejecutivo. “Lo que dice Aguad siempre son cosas en las que luego se tiene que rectificar. Dice muchos disparates. Ascender a una persona y que esta decisión requiera del aval del Senado, es imposible en sí misma. Aguad quiere hacer una reparación, un homenaje; hacerles una indemnización con fondos del Estado argentino”.






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