La ministra de Justicia de la Nación explicó por qué se avanzará en el desdoblamiento de juzgados en la justicia federal con asiento en las provincias.


La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, habló de la reforma judicial en exclusiva con este medio, explicó por qué se avanzará en el desdoblamiento de juzgados en la justicia federal con asiento en las provincias y señaló: “No me parece un problema la cantidad de miembros de la Corte actualmente”.

Defendió la decisión de convocar para el Consejo Asesor al abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y le respondió a la oposición ante la acusación de que el Gobierno busca nombrar “jueces amigos”.

También habló del financiamiento que demandará la reforma judicial y de la “necesidad” de incrementar el número de jueces para que se pueda implementar de manera adecuada el sistema acusatorio adversarial. Y confirmó que el Gobierno insistirá con el pliego de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación.

Marcela Losardo y Alberto Fernández (Foto: Twitter)

– ¿Qué aporta el proyecto para mejorar la Justicia Federal en el interior del país?

El proyecto busca mejorar la administración de justicia federal atendiendo a las necesidades que se presentan en cada uno de los ámbitos en los que este proyecto tiene incidencia. Tiene un objetivo específico y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente, eficaz, cercano y que la respuesta a su conflicto social llegue en un plazo razonable.

En el caso de la justicia federal con asiento en las provincias busca separar las competencias penales de las no penales con dos objetivos puntuales: la especialización del juez y la necesidad de que exista un número de jueces suficiente para que se pueda implementar de manera adecuada el sistema acusatorio adversarial.

– ¿Cuáles son las mayores necesidades y falencias que observa el Gobierno sobre la Justicia Federal de las provincias?

Hay temas que atraviesan de manera transversal toda la administración de justicia federal sin importar en donde tenga asiento. No hay que perder de vista que aumentó la litigiosidad y la entidad de los planteos no sólo en materia penal, con el aumento de figuras penales de carácter federal o la complejidad de los delitos, sino también en temas referidos a derecho a la salud, a la vivienda… Todos estos cambios se produjeron sin que exista una adecuada reestructuración de la justicia federal. Es decir, mayor cantidad de planteos, más complejos, pero la misma cantidad de jueces. Esto no permite que exista, en muchos de los casos, una justicia en plazo razonable.

Se prevén dividir juzgados penales de civiles y comerciales. ¿Quién va a decidir cada cambio?

El proyecto les solicita a los actuales jueces federales que informen al Consejo de la Magistratura si pretenden continuar a cargo de los juzgados que hoy encabezan (multifueros, los que pasarían a ser no penales), o asumir la titularidad de uno de los juzgados penales que el proyecto crea.

¿Por qué se decidieron estas divisiones?

La implementación del Código Procesal Penal Federal necesita jueces que se dediquen exclusivamente a la materia penal y a las audiencias orales que requieren su presencia. Cada planteo del fiscal, la defensa o la víctima, en cualquier momento del proceso, debe ser resuelto en una audiencia oral. Esto genera que el juez deba estar gran parte de la jornada escuchando a las partes. Ese tiempo, entonces, no se lo puede dedicar a otros temas igual de importantes, pensemos –por ejemplo- en un amparo por cuestiones de salud.

Entonces, si queremos implementar adecuadamente el sistema acusatorio adversarial y, al mismo tiempo, que todos los asuntos reciban una respuesta adecuada y en un plazo razonable, es necesario ampliar el número de jueces y especializarlos por materias.

– ¿Cuáles son los resultados que espera la gestión Fernández con esta reforma?

Insisto, los resultados que se esperan es un servicio público de justicia eficiente, eficaz, cercano al ciudadano y que solucione los conflictos sociales en un plazo razonable.

Marcela Losardo (Foto: Página 12)

– ¿Cree que se debe mejorar el Consejo de la Magistratura en selección y nominación de jueces?

Este es uno de los temas que le preocupan al Presidente y por eso requirió la opinión a la Comisión Asesora. Ellos podrán brindar distintas ideas para que pueda funcionar de mejor manera el sistema.

¿Por qué le preocupan al Presidente?

Es necesario que el sistema de selección y nominación de magistrados sea objetivo, que permita elegir de todos los concursantes, a los mejores candidatos y que este proceso pueda culminar en el plazo más breve posible. Hoy este procedimiento suele demorar y hay varias cuestiones para analizar. La forma de tomar los exámenes puede ser uno de los problemas. Que no exista un plazo establecido legal o reglamentariamente para llamar al concurso también puede coadyuvar a la demora. El tema de los jurados, las excusaciones y los plazos también son cuestiones que podrían analizarse.

– ¿Está previsto cómo se va a financiar la ampliación de los juzgados, fiscalías y defensorías?

Me parece importante señalar, en primer lugar, que no se debe ver como un gasto la erogación que se produce para fortalecer la justicia, sino como una inversión. Pero más allá de eso, en una primera etapa se trata en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires de la unificación de distintos fueros y la erogación presupuestaria que implica este proyecto de ley en lo que respecta a la creación de los juzgados en la Provincia se refiere a los cargos de jueces.

Pero en definitiva hay un incremento del gasto para financiarlo… Pensemos, lo que encarece la puesta en funcionamiento de un nuevo órgano judicial son todos los cargos que dan apoyo a un nuevo juez y en el proyecto se prevé que esa estructura se conforma con algunas de las actuales secretarias. Algo similar ocurre cuando nos referimos a los Ministerio Públicos. De modo tal que ya forman parte del presupuesto asignado al poder judicial. Y también, estos nuevos juzgados penales irán habilitándose paulatinamente con la existencia de partidas presupuestarias y la puesta en funcionamiento del acusatorio.

– En los juzgados, fiscalías y defensorías hay duros cuestionamientos por las malas condiciones edilicias, tecnológicas y hasta de salubridad en las que trabajan desde hace décadas. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Hay planes previstos?

Aunque este es un tema que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo puede colaborar con el Poder Judicial, como lo ha hecho en otras oportunidades.

– ¿Hubo diálogo con la oposición política en los meses en los que se estuvo trabajando el proyecto? Si lo hubo, ¿con quienes hablaron?

El trabajo se llevó adelante en el seno del Poder Ejecutivo. Siempre se conversa y se reciben las opiniones de los distintos sectores, pero éste es un proyecto del Ejecutivo y un trabajo de equipo en el que se ha tenido en cuenta también los resultados y proyectos que se realizaron en la gestión anterior. De hecho, el proyecto toma un antecedente elaborado en el marco del programa Justicia 2020, referido a la creación de los 94 juzgados penales provinciales.

– ¿No observan riesgos de que los “Comodoro Py” se multipliquen en lugar de que se diluya el poder de esos jueces federales? Es decir, más allá de haber más jueces, ¿qué cambia?

La ampliación de la justicia federal penal de la Ciudad de Buenos Aires busca solucionar muchos problemas que se presentan hoy más allá de lo que usted señala. Para elaborar el proyecto se tuvo en consideración que el número de delitos en los que interviene la justicia federal ha aumentado, lo mismo que la cantidad y complejidad de los hechos.

A ello, se suma que la última reforma de la estructura se dio a comienzo de los 90, cuando se duplicó el número de juzgados federales (de 6 a 12). A eso se suma la morosidad en el trámite de las causas -tramites regulados por un ordenamiento procesal vetusto-, la sobrecarga de trabajo y los movimientos espasmódicos que se producen en ciertos casos, los mediáticamente relevantes, según la coyuntura política de cada momento. Y la morosidad que se produce en muchas investigaciones debido a los conflictos de competencia que existen entre los fueros que se han decidido unificar. Competencias que en el ámbito federal de las provincias ya están a cargo de un mismo Juez. Por eso, se optó por ampliar la estructura y establecer un plazo para que se implemente el sistema acusatorio adversarial.

– ¿Por qué se decidió enviar primero el proyecto de reforma judicial al Congreso y recién luego convocar al consejo consultivo de asesores?

Porque son dos temas diferentes. Por un carril transitó la elaboración del proyecto de reforma con los lineamientos e ideas que tenía el Presidente. Por el otro, hay otros temas que le preocupaban al Presidente y, para ellos, convocó a los especialistas para que lo asesoren.

– El abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, fue convocado al comité asesor. La oposición ve allí una voz interesada. ¿Qué responde?

El doctor Beraldi tiene los antecedentes académicos y profesionales suficientes para integrar esa comisión. Ha trabajado en distintos proyectos relacionados con la reforma de la administración de justicia. Es docente universitario De hecho, estuvo en la Comisión que elaboró el Anteproyecto de Código Procesal Penal de la Nación que se llevó adelante en el Ministerio de Justicia en el año 2007. Una voz más de las once que integran la comisión.

– ¿Qué se tuvo en cuenta para la selección de los 11 asesores?

Para elegir los 11 asesores el Presidente tuvo en consideración que eran personalidades del ámbito del Derecho con sólidos antecedentes a nivel profesional y académico y que han demostrado en su trayectoria un compromiso con la defensa de los principios básicos que hacen a la vigencia del Estado de Derecho.

– ¿Usted tiene una opinión sobre cuántos miembros debería tener la Corte?

No me parece un problema la cantidad de miembros (cinco) de la Corte actualmente.

– Desde la oposición se criticó la forma de subrogancias que impulsa el proyecto. Que la Cámara de Casación Nacional nominará jueces “amigos”, y que después el Senado no tendrá problemas en aprobarlos… Hay que hacer una aclaración. La casación no nominará a los jueces amigos sino que elaborará una lista con aquellos jueces que quieran subrogar por un plazo limitado en los nuevos juzgados federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Las cuestiones por las que no se les permite integrar las listas son objetivas: tener un atraso constante en las causas o denuncias por mal funcionamiento.

Además, esa lista también debe ser aprobada por el Consejo, donde se evaluará la experticia en la materia federal, carga que recae en los magistrados que quieran ser subrogantes. Después, con las 2/3 de los votos de los miembros presentes, se aprueba esa lista. No se hace referencia a la mayoría simple con la que se efectuaron los traslados cuestionados, sino con una mayoría agravada de los presentes. Y finalmente, se requiere que el Senado preste el acuerdo tan solo para ser subrogantes mientras se sustancia el concurso.

– Sobre los juicios por jurados, el Presidente dice que siempre se opuso, pero que ha cambiado de opinión “porque un juez es más permeable a las presiones de la opinión pública que once o doce ciudadanos integrantes del jurado”. ¿Qué opina usted?

Es una institución que se encuentra en nuestra Constitución Nacional y que en gran parte de nuestras Provincias se encuentra regulada, por lo que coincido que se expida sobre ese tema el Consejo.

-El actual procurador Casal es interino. ¿El gobierno va a tomar alguna decisión sobre su futuro?

El gobierno ha enviado el pliego de Daniel Rafecas para ser Procurador General de la Nación titular y esperamos su tratamiento, no tenemos ninguna otra decisión que tomar.




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