En diálogo con Vía País, revelaron las pésimas condiciones en que realizan sus actividades. Piden la intervención de autoridades nacionales.


Trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires iniciaron este viernes un reclamo por los graves incumplimientos de las medidas sanitarias dispuestas a nivel nacional para enfrentar el coronavirus. Según explicaron, en más de 50 días de cuarentena, la Suprema Corte no pudo garantizar que los organismos recibieran “los insumos de protección básicos”.

Uno de los trabajadores afectados dialogó con Vía País y contó que, si bien muchos de ellos están realizando sus tareas de manera remota, eso depende de cada juzgado. Para los que están obligados a concurrir a su lugar de empleo, las autoridades provinciales sólo enviaron “dos potes de alcohol en gel, una caja de guantes y un barbijo para cada uno” al inicio de la cuarentena, hace dos meses.

La publicación en Twitter de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

“A esa situación de improvisación y/o desidia por parte de nuestro empleador, se suma la penosa y mil veces denunciada situación edilicia, que torna imposible garantizar las medidas de distanciamiento y donde frecuentemente faltan elementos tan vitales como el agua y el jabón”, denunciaron a través de un comunicado la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

Además, en las últimas horas recibieron “barreras de protección” para la atención al público en las mesas de entrada, que sólo son “un hule pegado a un caño con cinta de embalar gruesa”, confiaron las fuentes a Vía País. “Esos dispositivos tienen serias dificultades para mantener el equilibrio, y por el tipo de materiales utilizados progresivamente se dificulta la visión y no permite una desinfección adecuada”, afirmaron en el comunicado.

Las “barreras de protección” enviadas por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Y agregan que “esta solución es un símbolo de la improvisación y la falta de seriedad con que la Corte viene adoptando medidas en el marco de la crisis sanitaria”, denunciando que “la Suprema Corte prioriza el costo económico por sobre la efectividad” de los elementos.

Finalmente, la AJB elevó una propuesta al máximo tribuna provincial “para constituir un Comité de Crisis con participación de la Procuración General, donde se garantice un monitoreo en tiempo real de la cantidad de personas realizando tarea presencial en toda la provincia, se elaboren protocolos de prevención de carácter general y por sector de actividad, y se controle su cumplimiento”.




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