El fiscal a cargo ordenó investigar a Copacabana S.A, una de las compañías involucradas.


En medio de la investigación al Ministerio de Desarrollo Social por la compra irregular de alimentos con sobreprecios, el fiscal Guillermo Marijuan, quien está al frente del proceso judicial, ordenó una serie de medidas, entre ellas el allanamiento de una de las empresas involucradas, Copacabana S.A.

Tras conocerse que la Procuraduría realizó la denuncia penal por la compra de alimentos para abastecer a comedores en el marco de la pandemia con sobreprecios en algunos ítems, que no llegó a concretarse luego de que la información trascendiera en los medios, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, manifestó que “es positivo que la fiscalía haya hecho la denuncia penal porque así va a quedar claro todo”.

“La fiscalía actuó muy rápido, muy bien y toda la información que requirió, se la facilitamos”, dijo Arroyo en declaraciones formuladas a Radio La Red.

Dos días atrás, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, realizó la denuncia penal por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y eventuales negociaciones incompatibles con la función pública.

Daniel Arroyo (Foto: Clarín)

Se pidió que investiguen las compras en las que, se presume, desde el Ministerio de Desarrollo Social iban a pagar sobreprecios en la compra de alimentos. La suma comprometida rondaba los $ 547 millones y derivó en la renuncia de quince funcionarios que intervinieron en las resoluciones ministeriales.

“Se entiende que nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”, dice la presentación, que concluye que hubo una compra dirigida a un grupo reducido de empresas que están “en manos de dos o tres grupos de oferentes”.

Para el fiscal, el Ministerio de Desarrollo Social “permitió favorecer a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados, con el consecuente perjuicio al erario público”.

Con respecto al sistema de compras de alimentos y otros productos por parte del Estado, el ministro Arroyo afirmó que “efectivamente va a haber un cambio” porque, “teniendo claridad en el precio máximo y estando todos los productores con la posibilidad de venderle al Estado, se garantiza la transparencia para evitar esto que ha pasado”.

En este sentido, Arroyo precisó que, “ahora, hay un cambio fundamental que es que el Estado fija precios máximos mayoristas y así se resolvió el problema del precio porque ahora el Estado para comprar alimentos solo puedo comprar al valor de precios máximos mayoristas o menos que ese tope”, concluyó.




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