Se impuso 180 días para modificar el esquema macroeconómico y cambiar las expectativas. Contiene a empresarios y sindicalistas.


Alberto Fernández llegó a sus treinta días en el poder obsesionado con un objetivo central en su política económica: levantar el consumo y redistribuir lo que sea posible redistribuir, en un país que viene de casi dos años de recesión, con la generación de riqueza en caída libre y con vastos sectores sociales apaleados por la inflación.

Fernández pasa maratónicas jornadas de trabajo entre su despacho y el de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Suele arrancar en torno a las 8 y a veces termina cuando el almanaque ya indica un nuevo día. Todo lo que se pre elabora en los ministerio se termina de cocinar en su escritorio, en el primer piso de la Casa Rosada.

“La estrategia económica se diseña acá. Porque toda decisión económica es, primero, una decisión política”, se le escuchó a Cafiero en uno de sus encuentros con la prensa acreditada. Y parece ser así: el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, recorre varias veces a la semana los 366 metros entre su oficina y la del jefe de Estado. Y Martín Guzmán, el jefe de Economía, cruza la calle Irigoyen y va a Balcarce 50 casi todos los días.

Del escritorio de nogal de Fernández, el mismo que usaron todos los presidentes desde Julio Argentino Roca en 1880, salieron en estos treinta días las medidas económicas que se conocieron. Al mejor estilo Néstor Kirchner, desde allí también el mandatario tomó la decisión política de tensar la cuerda con algunos sectores.

Abocado a analizar personalmente cada medida, Fernández delega las respuestas políticas y técnicas que necesitan quienes golpean las puertas de la Rosada. Eduardo de Pedro, ministro del Interior y los ojos de Cristina Fernández en el lugar, se reúne con los gobernadores. Cuando las papas queman, atiende el Presidente.

Así fue cuando los cuatro dirigentes rurales de la Mesa de Enlace solicitaron una audiencia. Fernández dialogó mano a mano con ellos. Les pidió una tregua. Pero defendió la decisión de su gobierno de “actualizar” las retenciones. Y, negociador, dejó en suspenso hasta que se calmen las aguas la suba de los 3 puntos más que le habilitó el Congreso.

El Presidente considera que el campo está “bien” y le pide una porción más de su rentabilidad. Y rechaza a toda costa pensar lo mismo de los jubilados, a los que les desenganchó los haberes del ajuste por inflación por al menos seis meses, generando una fuerte polémica por su promesa de campaña: “Vamos a cuidar a los más vulnerables”.

En este mes también recibió a los gobernadores opositores para despejar tensiones. Durante casi dos horas habló en un clima distendido con Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez. Los tres radicales salieron del encuentro incrédulos de haber hablado “con tanta franqueza” con el jefe de Estado peronista. “Está en cada uno de los temas”, destacó Morales.

A contrarreloj

Fernández decidió jugarse un pleno de 180 días. El humor social viene caldeado desde hace mucho por las fallidas políticas de su antecesor, Mauricio Macri. Y el nuevo mandatario vio que había margen para aplicar un shock de entrada, con la legitimidad que le dieron las urnas, tras la estrategia política diseñada por su ahora vicepresidenta, Cristina Fernández.

Tras ser electo Presidente, Fernández fue por primera vez en su vida a la sede de la CGT. Y después de asumir mantuvo un diálogo estrecho con el sector, que sostiene su enamoramiento pero no sin estar alerta por la idea oficial de rediscutir viejos convenios colectivos. La única certeza sindical hoy es que no habrá una Reforma Laboral “a la brasileña”.

La misma relación de respeto pero sin dejar las diferencias de lado la tiene Fernández con la Unión Industrial y la Asociación Empresaria. Allí le aplauden su decisión de impulsar la economía real. Pero se disgustan con la suba de impuestos y la exigencia vía decreto para que aumenten los salarios en el primer trimestre.

Por eso, el Presidente está apurado. Subió retenciones a casi todo lo que exporte. Provocó una devaluación encubierta del 23% y elevó así el muro para el acceso a dólares. Pegó un ajustazo impositivo. Y con los mayores recursos por venir, congeló vía subsidios las tarifas de la energía y el transporte. Y ordenó bajar la tasa de interés, que ya cayó de 63% a 55% y va rumbo al 48%.

Fernández, Cafiero, Pesce, Guzmán y Cristina coinciden en algo: un mayor consumo y créditos más baratos impulsarán el consumo y eso frenará la recesión, propiciando el despegue y el aumento de la recaudación. Aguas hace la mayoría cuando se les consulta cuál es el plan contra la inflación.

A diferencia del macrismo, el Gobierno no cree que la inflación sea un fenómeno monetario. Por ello, la estrategia central –dice Pesce- es la desindexación de la economía. Con complementos como Precios Cuidados y el Consejo Económico y Social. Dos medidas que en su ADN llevan la idea de cambiar las expectativas.

También con los fondos que obtendrá por mayor presión impositiva por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que le dio el Congreso y algunos reacomodamientos internos del Estado –como los fondos reservados de la inteligencia- en estos treinta días lanzó el plan Argentina contra el Hambre, que llegará a dos millones de personas.

“Estabilidad cambiaria y macroeconómica con política de mejoras de ingresos de las familias y del fisco”, responde Guzmán cuando se le pide que defina el programa económico. En el final de la frase radica otra gran preocupación: la renegociación de la deuda pública. En 2020 vencen 20.600 millones de dólares entre bonos y letras en moneda extranjera con acreedores privados y las reservas netas son menores a los 16.000 millones de dólares.




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