El oficialista Frente de Todos tiene todo listo para discutir la semana que viene o la primera de junio en el recinto de Diputados la nueva ley de biocombustibles que remplace la norma que desde 2006 rige y promueve la actividad. “Emitimos dictamen del marco regulatorio hasta 2030.
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Se establece el corte del combustible fósil con biocombustibles, con mínimo de 5% en gasoil y 12% en naftas, y las exenciones de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dioxido de carbono”, sintetizó el diputado Marcelo Casaretto (FdT-Entre Ríos), una de las voces defensoras del proyecto discutido este martes en un plenario de dos comisiones y que se transformó en dictamen de mayoría. Juntos por el Cambio calificó de “retrógrado” al proyecto y se pronunció a favor de prorrogar cuatro años la actual ley, tal como lo acordó el año pasado el Senado nacional por consenso de todos los bloques.
El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda sesionó desde un salón del edificio anexo del Congreso, mezclando la modalidad presencial y virtual de los legisladores. Uno de los primeros en fogonear el proyecto fue el cordobés Eduardo Fernández (FdT): dijo que la iniciativa “expresa la experiencia del sector” acumulada durante los años de vigencia de la ley 26093 aprobada durante la presidencia de Néstor Kirchner y defendió la “intervención estatal” que criticó la oposición: “la industria tendrá más equilibrio”, sostuvo.
La diputada del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, al dar su apoyo al proyecto oficial, aludió a la necesidad de modernizar la industria. La nueva ley, de ser aprobada, tendrá vigencia por diez años, con cinco más de prórroga. La ley 26093 fue prorrogada recientemente hasta julio.
“El mundo dejó atrás los biocombustibles de primera generación, que son los que produce la Argentina; se remplazan las materias primas que se usan para alimentos (los granos), con materias residuales”, explicó.
“Es un proyecto integral que abre una nueva etapa y brinda continuidad al sector productivo de los biocombustibles en forma compatible con un modelo de desarrollo nacional, federal y equilibrado”, sostuvo Marcos Cleri (FdT-Santa Fe).
En el plenario se recordó que la industria de los biocombustibles, a partir de la ley de promoción de 2006, desarrolló inversiones por casi cuatro mil millones de dólares, y multiplicó en 54 plantas distribuidas principalmente Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba Tucumán. Unas 34 son de biodiesel, trece plantas producen bioetanol de caña de azúcar y siete de bioetanol de maíz. La suba de los precios internacionales de los granos, entre otros factores, puso en alerta a la industria. En el mundo se discute, además, si los alimentos deben ser usado para obtener combustibles.
La radical Brenda Austin (Córdoba) dijo que el proyecto oficial implica “un retroceso en la búsqueda de la diversificación de la matriz energética en la Argentina”. Para la diputada, el proyecto “es una suerte de ensañamiento particular del Gobierno con algunas provincias, casi como si fuera un leitmotiv del kirchnerismo” y dijo que “la baja en el porcentaje de corte de los combustibles” va contra compromisos asumidos por el país para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Los diputados de Juntos por el Cambio dijeron que el proyecto alienta “el intervencionismo estatal” y sostuvieron que los empresarios del sector están disconformes. El kirchnerista Cleri replicó: “hubo consenso con las cámaras del sector, aunque es cierto que los empresarios no consiguieron el ciento por ciento de sus demandas”.
“Esta norma es fundamental para la industria sucro-alcoholera de Tucumán”, afirmó el diputado Pablo Yedlin.
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El proyecto establece que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel del 5%. Las naftas deberán contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12%. Un 6 % mínimo se fija para la mezcla a base de caña de azúcar, y también del 6% para el bioetanol a base de maíz.
Tal como viene ocurriendo con la actual ley, la Secretaría de Energía podrá elevar el porcentaje mínimo obligatorio de corte, en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas.
El proyecto también dispone que el biodiesel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2.
“Desde nuestro espacio sostenemos lo que sostuvo el Frente de Todos en el Senado hace seis meses: que se prorrogue cuatro años la ley vigente”, dijo el diputado Omar De Marchi (PRO-Mendoza). El diputado sostuvo que el proyecto alienta la “cartelización” y fomenta el intervencionismo el Estado. La oposición dijo no entender por qué los senadores oficialistas, en consenso con la oposición, votaron el año pasado prorrogar la actual ley, y ahora el bloque de diputados del FpV impulsa otra ley.
“Le damos al Secretario de Energía la potestad absoluta para fijar precios, decidir el volumen de venta, y pueden sancionar a las empresas con multas de hasta 450 millones pesos, con lo que hasta puede eliminarlas”, advirtió De Marchi.
“Debemos salir de la puja petroleros versus productores de biocombustibles y mirar hacia dónde vamos. Para ello el Estado deber tener una planificación energética para poder saber cómo ampliar o cambiar la matriz”, agregó la radical Jimena Latorre.
“El oficialismo dice que busca aplacar el impacto de precios en el surtidor. Este año hubo siete aumentos en los combustibles y solo uno estuvo relacionado con el incremento de los precios de los bio”, argumentó.
“Los que se oponían a la ley, ahora quieren que la prorroguemos”, chicaneó Casaretto a Juntos por el Cambio. Recordó que el gobierno de Cambios importó gasoil por 4200 millones de dólares y naftas por 1.600 millones, “sin que promovieran una sustitución de importaciones para ahorrar divisas”. El oficialismo dice contar con el apoyo de otros bloques. Una vez aprobada en Diputados, el proyecto deberá pasar por el Senado para completar su tratamiento.
Por la Corresponsalía en Buenos Aires
