Luego del crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado en La Pampa que fue víctima de maltratos y abusos reiterados, el diputado nacional Martín Maquieyra presentará en el Congreso el proyecto de “Ley Lucio” para que el accionar ante el maltrato infantil sea más rápido y eficaz.
La familia Dupuy también impulsa este proyecto que se presenta este miércoles a las 17 horas en el Congreso de la Nación. El asesinato de Lucio tuvo repercución nacional y dejó en evidencia muchas falencias tanto en el sistema de Justicia como en el accionar de las entidades involucradas: en los últimos meses había ingresado al hospital más de cuatro veces.
“Esperamos que se pueda tratar este proyecto en el recinto, entendiendo que ya terminan las sesiones ordinarias en diciembre... esperemos que a partir de la renovación de sesiones, en los meses siguientes se pueda empezar a tratar y debatir esta ley y podamos el año que viene tener un avance en este sentido”, sostuvo Maquieyra según informa El Cordillerano.
En qué consiste la “Ley Lucio”
El objetivo de la Ley Lucio es prevenir y detectar de manera temprana la violencia que se ejerza sobre niños, niñas y adolescentes. Es una Ley que busca proteger y defender los derechos de los menores de edad y consta de capacitaciones para funcionarios públicos e integrantes de las diferentes áreas que intervienen en estos casos.
Estas capacitaciones serán obligatorias para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Quién no las haga será intimado y si no responde a esta será considerada una falta grave.
Además, esta Ley incluye la “obligatoriedad de la implementación de la Línea 102 en cada una de las jurisdicciones de la República Argentina con el objeto de favorecer la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. El Poder Ejecutivo Nacional, a través del órgano de aplicación de la Ley Nacional N° 26.061, deberá asegurar su funcionamiento a nivel nacional y la trazabilidad de las denuncias realizadas”.
También deberán realizarse campañas de concientización semestrales en medios nacionales, provinciales y entidades públicas nacionales, para visibilizar este flajelo al que están expuestos los menores.
El proyecto menciona que se deberá implementar un “protocolo de actuación conjunta” entre los organismos de Seguridad, Educación, Salud y entidades relacionadas con la niñez. Esto establecerá “una nómina de indicadores de riesgo para distintos tipos de maltrato infantil, unificar los criterios de actuación a nivel nacional”.
En el artículo 7, se detalla que las entidades educativas y de salud se verán en la obligación de informar cuando detecten la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta denuncia será anónima, pero si no se la hace será considerada una falta grave.
“Cualquier persona que tenga conocimiento de actos o indicios de violencia que afecten los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluso cuando estas no constituyan delitos, podrá denunciar ante el juez que haya intervenido en el proceso de responsabilidad parental, juez con competencia o autoridad judicial competente. La denuncia no tendrá requisitos formales, y podrá formularse sin patrocinio letrado, exenta de todo gasto o sellado”, explican en el artículo 9.
