El titular de Irrigación ordenó una investigación por las tomas irregulares en fincas de Malargüe y San Rafael.


Con el escándalo que se desató entre los regantes del sur mendocino cuando se conoció que había tomas irregulares y el robo de agua del río Atuel, Sergio Marinelli, superintendente General de Irrigación, aseguró que “no son tomas ilegales”.

Los casos fueron detectados en La Junta y Coihueco en Malargüe y en El Sosneado en San Rafael.

Son (tomas) irregulares, no clandestinas, porque todas las propiedades tienen derecho a riego, las hectáreas están empadronadas”, dijo a diario Los Andes el titular de irrigación.

Sin embargo, reconocieron desde el ente rector del agua en Mendoza que deben investigar para determinar si esas propiedades estuvieron recibiendo más agua de la que les correspondía por las hectáreas registradas.

“Decimos irregularidad porque esas tierras tienen derecho a riego y la irregularidad sería en cuanto a la cantidad de agua que toman, porque no se mide y no sabemos si es lo que le corresponde. Si de la investigación resulta que hubo robo de agua se irá a la justicia”, insistió Gustavo Villegas, consejero del Río Atuel.

Entre las acciones que realizó Marinelli apenas tomó conocimiento del problema, firmó la resolución 16.858 desplazando a Mariano Pandolfo de la conducción de la inspección de cauce La Junta-Coihueco- El Sosneado.

Además dispuso la intervención y una auditoria completa en la inspección de cauce que la llevará adelante Ricardo Luqui. El ingeniero también tendrá competencia sobre el área de distribución de toda la cuenca del Atuel, mientras dure la investigación.

Si bien los regantes pidieron una reunión masiva con Sergio Marinelli, el titular de Irrigación confirmó que viajará al Sur a reunirse pero con los inspectores de cauce. La fecha no está definida.

En uno de los artículos de la resolución que emitió Sergio Marinelli, pidió que se revisen los títulos de empadronamiento y por otra parte, encargó una auditoría contable, hasta cinco años para atrás.

Este punto no es menor porque, según trascendió, en La Junta la propiedad figura con deuda desde 2016 y superaría el millón de pesos.

Por eso, el canal por el cual tomaban agua directa del río, con una boca de 3 metros de ancho, tan cuestionado por los regantes, fue obstruido, no por ser ilegal sino porque “tiene el agua cortada por deuda”, admitió el titular de Irrigación.




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