“Estoy haciendo lo imposible para defender la vida de mi hijo. Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero solo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada”. Así comenzó el “Caso Franco”, un pedido que llegó a una radio sanjuanina y terminó generando debate en todo el país. Un joven sanjuanino que buscaba, judicialmente y mediáticamente, frenar la interrupción del embarazo de su ex pareja. Un caso que terminó en la Justicia y que tiene otro trasfondo: el dramático camino que siguió una mujer para acceder a un aborto, una práctica legal en Argentina desde el 30 de diciembre de 2020.

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Mientras el joven defendía su lucha en los medios de comunicación -en un programa de televisión dio su testimonio en vivo y mostrando su rostro-, una mamá de tres niñas intentaba acceder legalmente a un procedimiento amparado por la ley. Lo hizo a través de la Obra Social Provincia que, según el abogado Reinaldo Bedini, terminó desaprobando el pedido.

La joven tuvo que buscar ayuda en un hospital fuera del Gran San Juan. Iba por la semana 10 y el reloj corría en su contra, ya que el aborto está permitido hasta la semana 14. “Encontrarse en esa situación teniendo tres hijos fue muy duro. Yo la patrociné porque estaba desesperada, mirá cómo actuó la Obra Social Provincia. Cuando encontró una médica fuera de los hospitales centrales y explicó lo que estaba pasando, le mostró todos los estudios, ahí pudo acceder”, reveló el abogado.

La mujer pudo interrumpir su embarazo en el Hospital Federico Cantoni, ubicado en el departamento Pocito, donde fue atendida por una profesional que le suministró la medicación abortiva. Esto ocurrió antes de que sea informada de la medida cautelar que concedieron los jueces Juan Carlos Pérez, Juan Carlos Noguera Ramos y Sergio Rodríguez para frenar la práctica. “Ella pudo hacerlo antes de que la notifiquen, pero está en shock, porque esa resolución de los jueces la agravia. Ahora la causa se volvería abstracta porque ya no tiene el objeto que perseguía”, aseguró Bedini.

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En el medio de la lucha judicial y la confirmación que la mujer pudo realizarse la IVE, se supo que el afiliado directo, es decir Franco, fue quien primero solicitó el aborto. Sin embargo, días después terminó dando de baja a su pedido. Ante esta postura, la mujer inició un nuevo trámite ante la obra social para acceder a la práctica.

Esta semana se supo que la gestante pudo interrumpir su embarazo en un hospital público. La noticia fue confirmada por Bedini a través de un comunicado, en el que además denuncia “violencia sexual” por parte del demandante: “Habiendo sido notificado de la cautelar dictada, viene por el presente a denunciar el cumplimiento imposible de la medida, toda vez que se practicó la interrupción voluntaria de su embarazo. Asimismo, solicita sea revocada la misma por contrario imperio por resultar manifiestamente lesiva para la presentante”.