Natalia Caballero
“Somos casi 40 negocios en total y hasta antes de Navidad abrieron 10, nada más”. La frase pertenece a Javier Mercado, presidente del Centro Comercial de la Difunta Correa, e ilustra la complicada situación que atraviesan los comerciantes del paraje e integrantes de uno de los rubros más afectados por la pandemia, el turismo religioso.
Después de casi nueve meses de parate, la actividad recién pudo volver a ponerse en marcha a mediados de diciembre, pero para muchos la espera fue demasiado larga.
“Tengo cero mercadería como para empezar nuevamente y mucho menos plata”, aseguró Mercado en declaraciones a Diario Huarpe, en las que explicó que su emprendimiento gastronómico quedó en la lona, ya que perdió toda su mercadería, que venció en el mes de junio.
El titular de la agrupación que nuclea a los comerciantes del lugar explicó que en su caso particular debe más de $140.000 en boletas del servicio eléctrico. “En principio no corté el servicio porque en teoría íbamos a abrir en junio, pero no fue así. Hay otros que deben más, es muy complejo el tema”, añadió.
Decsa, la prestadora del servicio, emplaza a Mercado a pagar un 40% de la deuda en efectivo, financiando el resto en cuotas, pero aún esa facilidad de pago está lejos de sus posibilidades actuales.
Si bien la reapertura de las visitas al santuario fue celebrada por los comerciantes, consideran que la comunicación oficial llego demasiado tarde. “No nos dio tiempo para nada”, sostuvo.
La rehabilitación se produjo el 21 de diciembre y ellos fueron notificados apenas cuatro días antes de la misma. “Nos tomó de sorpresa porque no teníamos nada preparado”, aseveró.
Estas inquietudes fueron planteadas en una reunión que los emprendedores mantuvieron con autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura y con la intendenta de Caucete, Romina Rosas, quienes les recomendaron reabrir de forma paulatina y aquellos que se vieran imposibilitados de hacerlo iban a recibir algún aporte gubernamental.
Sin embargo, pocos pudieron acceder al mencionado beneficio. Mercado afirmó que el gobierno realizaría una compra anticipada de los servicios que ellos ofrecen, incentivo que luego deberían devolver. El problema radicó en que los comerciantes deben presentar facturas y otras documentaciones que la mayoría no pudo tramitar, ya que a causa de la pandemia y la consecuente falta de ingresos se vieron obligados a incumplir con estas obligaciones.
La realidad indica que muchos de los empleados de los locales se quedaron sin trabajo cuando los comercios bajaron sus persianas, a mediados de marzo. Los que estaban contratados en blanco pudieron acceder a algún beneficio de parte de sus empleadores a través de la gestión de ATP, pero en el caso de los trabajadores irregulares quedaron cesantes debido a la cuarentena y la suspensión de las actividades en el lugar.