Edgardo Iván Santander, Luis Gonzalo Aguilera, Jesús Ariel Brizuela y Elías Gustavo Santander son cuatro jóvenes de Pocito, una localidad al Sur de San Juan que podrían haber pasado los próximos 15 años de su vida en la cárcel pero zafaron. Los acusados estaban presos hace casi una semana porque la Policía los señalaba como los responsables de haberle dado una brutal golpiza a un anciano de 90 años para robarle un arma. El abuelo terminó quebrado producto de la brutal golpiza y ellos se enfrentaban a una dura pena si eran encontrados culpables.

Este miércoles estaba programada la audiencia en Flagrancia para los cuatro acusados que podrían haber sufrido las consecuencias de un delito que no cometieron. Sin embargo, el viernes por la madrugada, se entregaron los verdaderos culpables del delito y los cuatro acusados iniciales pudieron salir en libertad.

"El 21 de agsto se llevó adelante la primera audiencia donde no hubo acuerdo porque la defensa entendía que ellos eran inocentes, que ellos no habían cometido tal delito y por eso se pasó el juicio para este miércoles, que se terminó adelantando para el viernes porque en la misma madrugada, dos personas se entregaron a la Policía", relató a Canal 13, Ivan Grassi el fiscal que llevaba adelante la acusación.

Según el relato del funcionario judicial, a raíz de la aparición de los verdaderos ladrones, se ordenó adelantar la audiencia para poder liberar a los jóvenes que, para esa altura, ya llevaban casi una semana presos por un crimen que no cometieron. Fue una vecina quien los sindicó como los responsables e hizo que los investigadores los detuvieran.

"Ellos quedaron privados de su libertad por indicios, pero en ese momento había una prueba que los vinculaba. Es una vecina la que los marca y se los detiene a cincuenta metros de la casa del anciano, no hubo nunca una detención ilegal. Ellos estaban ante un marco de un hecho gravísimo, estamos hablando de un delito de un anciano de más de 90 años que, si eran encontrados culpables, tenían una expectativa que llegaba a los 15 años de prisión", concluyó Grassi.