Venta de plasma: imputaron a la directora del Centro de Hemoterapia Regional

Betina Saracino fue citada a declarar por la Fiscalía de Delitos Económicos, donde dejó un escrito sobre sus funciones en la parte pública y privada.

Betina Saracino
Betina Saracino

Tras el escándalo que se desató por el supuesto cobro de transfusión de plasma convaleciente a pacientes con COVID-19, este jueves imputaron a la directora del Centro de Hemoterapia Regional de Salta, Betina Saracino, por la comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en carácter de autora.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, determinó que Saracino no sólo incumplió la normativa que regula las incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos públicos sino que además habría intervenido simultáneamente como directora de la empresa privada denominada Servicio de Medicina Transfusional Salta (entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario) en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público (CRH) para la ejecución del servicio.

En enero de este año, Saracino fue designada como directora del Centro Regional de Hemoterapia de Salta. A la vez, en su perfil de LINKEDIN, figura como directora médica de "Medicina Transfusional Salta", desde agosto de 1988 hasta la actualidad. Los informes técnicos confirmaron que la empresa funciona en el establecimiento de CENESA, donde se confirmó la responsable es Saracino.

Un informe requerido al Centro de Hemoterapia Regional revela que entre el 1 de agosto y el 6 de octubre de este año, se enviaron 36 unidades de plasma convaleciente Covid, de un total de 309 unidades de hemocomponentes, al "Servicio De Medicina Transfusional Salta".

"Se desplegaron todos los elementos que constituyen el delito imputado y se comprobó, prima facie, la existencia de una situación simultánea de la funcionaria, a sabiendas que se está interviniendo en un contrato u operación como funcionaria pública y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada", argumentó el fiscal.