El beneficio es solo para personas con una situación económica alarmante y aunque los políticos están exceptuados, a algunos parece no importarles.


Semanas atrás se conoció el bochornoso accionar del concejal Héctor Cari, del municipio salteño de Guachipas, que había cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia, que el Gobierno nacional destinado a aquellas personas que atraviesan una preocupante situación económica frente a la pandemia. Sin embargo, la lista de políticos salteños que buscan obtener este beneficio que no les corresponde sigue.

Según un informe publicado en FM Noticias, la información salió a la luz a partir del cruce de datos entre los números de documentos de los beneficiarios y el registro de Anses. El listado muestra que algunos trámites fueron rechazados, aunque en otros, el sistema advierte que el pago está efectivo.

Según un informe del diario El Tribuno hasta el momento son 52 ediles de 32 municipios. Ellos son Juan Carlos Dávila y Raquel Egüez, ambos pertenecientes al oficialismo de la localidad de Embarcación. También el edil de General Ballivián Raúl Correa, del Partido de la Victoria.

A los concejales de Salvador Mazza, Claudia Subelza (comerciante de frontera), María Valdiviezo (planta permanente) y el docente de educación física de la bancada opositora Raúl Arroyo, les rechazaron la solicitud. 

Otro dato importante de la investigación periodística se señala también que en muchos casos los sueldos de los ediles no estarían registrados y, por lo tanto, los sistemas de AFIP y Anses no detectaron ninguna irregularidad al momento de aprobar la ayuda.




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