Redacción Vía Rosario
El Gobierno nacional confirmó este martes la prohibición de llamadas telefónicas por 30 días desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. La medida se aplica solamente a las comunicaciones de Esteban Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla, ya que ambos están bajo sospecha por los crímenes de cuatro trabajadores en Rosario.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó una resolución idéntica a la que se aplicó para el caso de Ariel Máximo “Guille” Cantero. La diferencia entre ambas es que la restricción para vigilar al jefe de Los Monos fue dictada por la Justicia federal de Morón.
¿Qué dice la orden del Gobierno sobre las llamadas de Esteban Alvarado y Morocho Mansilla?
Según informaron fuentes oficiales, Esteban Alvarado y Morocho Mansilla no pueden hacer llamadas telefónicas desde la cárcel durante un mes. La única excepción es el contacto con los abogados defensores que figuran en los expedientes judiciales.
La orden de Bullrich para la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal es de aplicación inmediata. El nuevo régimen de control en Ezeiza puede extenderse por más tiempo, ya que el Ministerio de Seguridad nacional le consultará al Ministerio Público de la Acusación (MPA) si hace falta mantener la restricción vencido el plazo.
La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, solicitó la prohibición ante los indicios de que algunos delitos de la última ola de violencia en Rosario fueron cometidos por miembros de la banda de Alvarado. De acuerdo a esta teoría, Mansilla es uno de los integrantes de esta organización criminal.
Hasta el momento, el enemigo de Los Monos y el Morocho no fueron imputados por los cuatro homicidios mafiosos de principios de marzo ni por otras balaceras de la saga. No obstante, el MPA mantiene la sospecha de que el presunto instigador Alejandro “Chucky Monedita” Núñez pudo haberse contactado con el exladrón de autos como parte de su plan de intimidación pública.
La prohibición de las llamadas se activó el mismo día de inicio del juicio por el tiroteo y fuga de la cárcel de Piñero. Mansilla es una de las 11 personas acusadas por el escape de junio de 2021 y puede llegar a sumar una condena a 11 años y 3 meses de prisión.