El próximo martes 11 se tratará en sesión extraordinaria del Concejo Municipal el proyecto de derogación de la ordenanza que autorizó el impuestazo. Aunque persisten las idas y vueltas en cuanto a las últimas decisiones tomadas desde la comuna capitalina entre las que destacan el impuestazo inmobiliario y la sesión exprés donde se aprobó el aumento del 48% en la tarifas de transporte urbano. En ese marco la semana inició con un intendente que se toma vacaciones, un Presidente del Concejo que lo suplantará y una oposición que aprovecha los vientos a mitad del reordenamiento de la estructura política en el municipio.
Lo cierto es que en el medio, el vehicular persiste, los informes de tránsito de cada fin de semana son reiterativos, proliferan los minibasurales y el descuido de los espacios públicos. En ese contexto Fabricio Bolatti se arrepintió de haber acompañado la iniciativa impulsada por el gustavismo y presentó un nuevo proyecto para derogar la ordenanza que impone aumentos desorbitantes para los contribuyentes. Por su parte, Carlos Salom presidirá momentáneamente el Concejo Municipal y se espera que llame a una sesión extraordinaria, mientras la Defensoría del Pueblo trabaja de oficio acompañando los reclamos.
Concejal por el “Frente Chaco Somos Todos”, Carlos Salom, dialogó con Radio Facundo Quiroga explicó que a partir del día miércoles tomará posesión de la Presidencia del Concejo Municipal debido al corrimiento de cargos que se propicia por la licencia que se tomará Gustavo Martínez dejando, momentáneamente, en el cargo a Agustín Romero.
Salom adelantó que “está prevista que la sesión extraordinaria para el martes 11 a las 10 de la mañana” donde se tratará la derogación de la ordenanza que impone la nueva tasa tarifaria. “Tuvimos un enero bastante intenso con la aprobación del presupuesto, la emergencia económica, el impuesto y el aumento del transporte”, expuso el legislador comunal.
El concejal aclaró que “hay una lucecita de esperanza porque he visto la rectificación de Bolatti” y agregó “estamos en el mismo camino, posiblemente tengamos que hacer modificaciones en conjunto”.
El proyecto propone poner un techo que no supere la inflación marcada en 2019. Al respecto Salom indicó que “hay valores que son irrisorios en cuanto a la valuación en conjunto”. Para que la derogación sea aprobada se necesita el acompañamiento de al menos seis concejales por lo que el Bloque radical se ve obligado a dialogar con los partidarios del CER y el Frente Chaqueño por lo que apelarán al voto de consciencia por parte de los legisladores de la capital chaqueña.
A todo esto, la Presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco, Mónica Avalle, señaló al mismo medio señaló que “la municipalidad no brinda los elementos para saber qué se tuvo en cuenta para aplicar los aumentos”. Mónica Avalle indicó que “hemos tenido casos de un incremento hasta el 800%” y calificó a la medida tributaria de “abusiva e injustificada”. Al ser consultada por el contacto con funcionarios declaró que “el único que nos atiende es el secretario de economía del municipio”.
Además propone ampliar la base tributaria entendiendo que hay un 50 o 60% de ciudadanos que con sus impuestos mantienen los servicios del porcentaje restante que no paga. En este sentido advirtió que estas medidas atentan contra las posibles inversiones en la capital chaqueña y detiene el progreso y desarrollo del comercio local. Respecto de esta propuesta, ya se había referido el Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Mauro Guidini, quien en declaraciones periodísticas indicó que son amplios y numerosos los terrenos sin escriturar, que permanecen bajo la órbita del Instituto de Vivienda, que “no pagan un peso”.
“El presupuesto se hace en base a un ingreso tributario del 60% de los contribuyentes, mientras hay un 40% de evasión. La municipalidad no puede desconocer esta situación y cargar ese 40% de evasión al 60% de los contribuyentes que cumplen”, reclamó. En esta línea, José Luis Cramazzi, titular de la Federación Económica del Chaco, aportó que se estima que son entre 6000 y 7000 las viviendas “que no pagan impuestos en Resistencia porque siguen a nombre del Instituto de Vivienda o de empresas porque no fueron escrituradas, y son barrios a los que el municipio les lleva todos los servicios. Es sumamente importante que sobre estas propiedades también se amplíe la base tributaria”.