Los fiscales reafirmaron este viernes que “se montó un aparato ilegal” para direccionar 51 obras públicas a favor de empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, y que “se cumplían las órdenes que emanaban de los organizadores” de la presunta asociación ilícita que se juzga.

”Está comprobada la participación de Máximo Kirchner”, afirmó, además, el fiscal Diego Luciani. Como pruebas exhibió mensajes que vinculan supuestamente al hijo Cristina Fernández con el José López, ex Secretario de Obras Públicas. Para los fiscales, “digitaban cada paso de la licitación pública en Santa Cruz”.

CFK. Cristina Fernández en la primera audiencia del juicio. (Federico López Claro/La Voz)

Luciani abrió la tercera audiencia de alegatos de la fiscalía en el juicio a la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros doce acusados, entre ellos, Julio de Vido, el empresario Lázaro Báez y José López. Los acusados están imputados por los delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita.

Los mensajes de López fueron anticipados por los fiscales en la jornada del lunes pasado. Dijeron que se trataba de una prueba novedosa.

“¿Pudiste hablar con Maxi para definir la ubicación de las 100 cuadras?”, se lee en un mensaje entre López y Matías Bezi, hombre cercano al hijo de la vicepresidenta, que mostraron los fiscales.

“Nótese cómo Máximo Kirchner era la persona encargada de definir la ubicación de las 100 cuadras que se iban a repavimentar”, insistió el fiscal.

Máximo Kirchner estaría implicado en la asociación ilícita

Luciani también reveló mensajes de López a Máximo Kirchner. “Encaminado lo de la Viv de El Calafate y de 28 de Nov. El miércoles firma los dos convenios Nivello. Viaja a los dos lugares”, dice uno fechado el 30 de julio de 2015.

Para los fiscales, este cruce de mensajes demostraría que Máximo Kirchner, quien por entonces no ejercía cargos públicos, manejaba con Báez las obras en Santa Cruz.

Maximo Kirchner Causa Hotesur / Los Sauces Foto Federico Lopez Claro

“Quedó establecido que la orden y el apuro para adjudicar esta licitación emanaban directamente de lo más alto del Poder Ejecutivo y en esta obra aparecen como intermediarios José López y el hijo de la Presidenta”, dijo el fiscal. Informó que se gastaron 25 millones de dólares para cien cuadras. Esa licitación fue ganada por la constructora Kank y Costilla (del Grupo Báez).

Para los fiscales, “fue una simulación de licitación pública. La obra fue financiada con una transferencia y sin crédito legal”.

“Señores jueces, todo estaba armado de antemano y quienes ejecutaron el plan siguieron las directivas y las órdenes de los jefes de la organización. La participación de Máximo Kirchner está probada”, insistió el fiscal Luciani.

El lunes pasado, al reanudarse el juicio, el fiscal Luciani dio el marco a la acusación: “Al asumir en 2003 Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz, una de las matrices de corrupción más extraordinarias, que, lamentablemente y tristemente, se hallan desarrollado en el país”. También dijo: “Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita piramidal de características singulares”.

Santa Cruz y la obra pública

En la segunda jornada de alegatos, los fiscales Luciani y Sergio Mola le apuntaron a la utilización de la normativa de Santa Cruz para controlar las obras públicas adjudicadas a Austral Construcciones. Luciani sostuvo que en Santa Cruz hubo un “direccionamiento grosero inadmisible” a favor de empresas de Báez.

Este viernes, haciendo un repaso de las licitaciones públicas ganadas por Austral Construcciones, el fiscal dijo: “hemos encontrado direccionamiento hacia las empresas de Lázaro Báez, desde la 1 hasta la 51″. Después se expusieron los mensajes de López ante el tribunal compuesto por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, conectados desde una sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

Cristina, en una de las audiencias del juicio por la causa Vialidad. (Federico López Claro/Archivo)

El fiscal aseguró que siempre se presentaban a las licitaciones las empresas del grupo Báez, de manera separada, y además el grupo Petersen que “siempre acompañaba con una oferta superior” y no ganaba.

”El proceso cada vez estaba más aceitado, el aparto ilegal seguía funcionando cada vez mejor”, dijo al promediar el análisis de las licitaciones. Luciani consideró que “hubo corrupción y manipulación” en los procesos de licitación y retomó algo dicho en la audiencia pasada, que para eso se recurrió a la firma de convenios entre Vialidad nacional y provincial.

Hubo desvío de ingentes sumas de dinero hacia Lázaro Báez, se buscó encubrir la falta de capacidad de la empresa, en una maniobra grosera”, opinó, y dijo no poder creer “cómo pudieron pasar inadvertidos semejantes actos de corrupción”.

En uno de los casos, puso como ejemplo, la obra “debió realizarse en 36 meses, tardó 90 meses, se constataron sobreprecios, abandonaron la obra y se convocó a una nueva licitación”.

”Cuando se levantó el cepo instalado entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, se presentaron once oferentes de empresas interesadas en esta licitación, empresas de todo el país”, agregó.

Durante toda la semana, referentes del Frente de Todos y funcionarios de la coalición gobernante expresaron mensajes de apoyo a la Vicepresidenta a través de las redes sociales, reunidos con la etiqueta #TodosConCristina.