La causa judicial por el ataque a Cristina Kirchner tuvo el fin de semana un episodio que generó polémica porque los peritos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) no pudieron extraer en forma exitosa la información del teléfono del acusado de intentar un magnicidio Fernando André Sabag Montiel.
El teléfono Samsung A50 le fue secuestrado al acusado por la Policía Federal en el mismo momento en el que el hombre de 35 años fue detenido, segundos después de apuntarle a la cara a la vicepresidenta con una pistola Bersa 380 y gatillar varias veces sin que se detonara un proyectil dado que, según el expediente, no había bala en recámara.
La Policía puso el teléfono en un sobre cerrado y sellado y se lo envió al juzgado a la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Horas después y en el despacho, la magistrada pidió presencia de todas las partes (con un defensor oficial para el acusado), se abrió el sobre, se extrajo el teléfono y se sacó del él la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria.
También en presencia de todas las partes, según afirman en el despacho de Capuchetti, los peritos del Poder Judicial y de la Policía Federal volvieron a armar el aparato e intentaron tres veces “abrir” el dispositivo, es decir, encenderlo para extraer toda la información y hacer una copia de seguridad para el expediente.
Como los peritos no lograron “abrir” el dispositivo y el acusado se negó a dar la clave, la jueza ordenó a su secretario volver a poner el dispositivo en el sobre en el que había llegado y guardarlo en la caja fuerte del despacho. El funcionario hizo eso y se llevó la llave. Al otro día se iba a continuar trabajando sobre lo mismo.
Capuchetti recibió información de que la PSA cuenta con herramientas tecnológicas más avanzadas que la PFA, por lo que decidió el viernes en la noche acudir a los peritos de esa fuerza para que abrieran el celular. Por eso, la magistrada ordenó a uno de sus secretarios que llevara personalmente el dispositivo a la PSA.
Los peritos de la PSA dijeron luego que a ellos les llegó el teléfono en un sobre de papel madera que estaba abierto y de manos de una persona que no es funcionario judicial. En el juzgado admitieron esta información y señalaron quien entregó el teléfono de Sabag Montiel fue el custodio personal de la jueza Capuchetti.
Efectivamente, el teléfono fue subido a un auto conducido por el custodio de Capuchetti para ser llevado desde el barrio de Retiro hasta Ezeiza, en la sede de la PSA. En ese auto también viajó durante un trecho uno de los secretarios del juzgado que se bajó en su casa, que estaba en el camino.
Al revisar el dispositivo, dos peritos de la PSA determinaron que el teléfono habría sido intervenido por un sistema que no es que el que usa la PFA, y que eso fue lo que causó el problema, en un paso previo a la conexión al sistema que finalmente iba a extraer la información.
En el juzgado de Capuchetti afirman que la cadena de custodia del celular no se rompió y resaltan que hasta el momento nadie cuestionó ese tema. Sí podría ocurrir que la defensa del acusado cuestione el tratamiento que el propio despacho de la jueza del caso le dio al dispositivo.
Si bien inicialmente trascendió que el teléfono había sido “reseteado de fábrica”, en tribunales dicen que esto no sería así. Explican que lo ocurrido es que un proceso de copiado no fue realizado con éxito y se generó una falla en el software del dispositivo. Eso generó una “rotura” virtual del dispositivo, que ahora no enciende y no puede ser “leído”.
Julio López, experto en seguridad informática, opinó este lunes en declaraciones a Radio Con Vos que para que exista un reseteo de fábrica tiene que haber una serie de pasos y procedimientos intencionales, ya sea por parte de alguien que manipula el aparato físicamente u otra persona que lo hace vía remota y para lo cual el celular debe estar conectado a internet.
La magistrada tomó declaración a los peritos informáticos de la PFA y de la PSA, quienes explicaron lo que hicieron con el celular del acusado, su tarjeta SIM y la tarjeta de memoria. En el caso de estos dos últimos se extrajo el contenido que “se encuentra bajo análisis”. Pero aún no se accedió a la memora interna del aparato.
Hasta aquí, Capuchetti y el fiscal de la causa, Carlos Rívolo, no han evaluado abrir una investigación contra ningún efectivo que haya operado el teléfono de Sabag Montiel, un procedimiento que también incluyó a dos especialistas de la PSA.
Capuchetti y Rívolo están analizando pedir ayuda a expertos de los Estados Unidos para poner en marcha el aparato, desbloquearlo y finalmente acceder a la información.
La postura de Aníbal Fernández y la defensa a la Policía Federal
El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, intentó en la mañana de este lunes antes de ingresar a su oficina despegar a la Policía Federal de cualquier polémica en torno al teléfono de Sabag Montiel y contradijo parcialmente lo que sostienen las fuentes judiciales con conocimiento de lo que ocurrió con el teléfono.
“¿La Federal no manipuló el celular?”, se le consultó al funcionario en una rueda de prensa. “No, le digo que no”, respondió, tajante, el funcionario. Y sostuvo: “Lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa de Faraday y enviarlo al Juzgado”. Las bolsas de Faraday a las que se refirió el funcionario blindan los dispositivos electrónicos y bloquean las señales.
Fernández comentó que las fuerzas de seguridad nacionales tienen un “protocolo de preservación de la escena del crimen”, que fue escrito y puesto en vigencia poco después de haber comenzado la actual gestión.
“Llegaron nuestros efectivos, estaban todos los superintendentes, en un hecho inédito, creo yo. Se armaron las carpas. Se desnudó al acusado y se trabajó con la medicina legal como corresponde”, amplió Fernández.
Y siguió: “Se envía ese teléfono en una bolsa de Faraday al juzgado, el juez nos da un recibo que dice que fue recibido con la cadena de custodia intacta. Hasta ahí llega nuestra tarea. Después no sé qué pasa. La jueza y el fiscal tienen atribuciones para tomar decisiones per se que no las conozco”.
