Se realizó la audiencia pública prevista para tratar el próximo aumento en la tarifa de Agua y Saneamiento. Por poco más de 3 horas y una decena de expositores, Aysam y cerca de 140 pequeños operadores del servicio de agua y saneamiento se trató el nuevo ajuste de la tarifa en Mendoza. La empresa estatal ahora espera que el gobernador Suárez se expida acerca del 50% del aumento solicitado.

La mayoría de las críticas fueron acerca de la calidad del servicio, en especial los cortes y la falta de inversión para mejoras.

El Epas (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) deberá condensar las conclusiones de la audiencia antes de enviarlas a la Casa de Gobierno. Una vez allí, será el Suárez el que decida cuando firmar el decreto que determine cómo y cuándo se trasladará el ajuste a las facturas de los usuarios mendocinos, que según Aysam parte de un promedio mensual de $600.

Al respecto, el presidente de Aysam, Alejandro Gallego, argumentó a favor de la suba al cabo de un congelamiento que data de marzo pasado. Entre otros ítems, para Gallego operativamente la empresa necesita arrancar 2021 con una actualización para poder sostener las inversiones requeridas en renovación de redes y potabilización, aunque admitió que actualmente mucho va a gastos corrientes: por caso, el dato es que un 56% de lo recaudado se destina a sueldos.

La ONG Protectora al ataque

A su turno llegó el momento de los usuarios, cuya voz pareció arrogarse tanto la ONG Protectora como la fuerza política homónima. Y en ese tono, a la exposición de la abogada Romina Ríos le siguió el de su par y diputado nacional José Luis Ramón.

Ramón intentó complementar los dichos de Ríos en referencia a los reclamos por la calidad de servicio y cortes del suministro. Y fue más allá, al solicitar “que se suspenda la audiencia y declararla nula, por falta de información. Se han hecho reclamos durante semanas sin respuesta, y las explicaciones no son claras para los usuarios”.

Además de calificar de incorrecta la convocatoria a audiencia en tiempos de pandemia, el diputado deslizó una crítica al Epas al considerar que la discusión es “un tema político. Todos sabemos cómo se compone la torta de la potabilización. Pero el acceso al servicio es otra cosa, y menos mal que no hablamos de rentabilidad. Hablamos de hábitat humano, que implica acceder al bienestar, y por eso es político”.

Darío Hernández, gerente general de Aysam desde inicios del 2020 y a cargo de la administración desde que se reestatizó en 2010, tomó la lanza para retrucarle a Protectora.

“Es difícil explicar el estado de la empresa, que lleva diez años de aporte estatal, lo que no nos priva de la mirada del usuario del servicio”, consignó Hernández antes de referirse al programa de Convergencia Tarifaria. En referencia al plan estratégico de endeudamiento para obras que data de 2011 y la Legislatura prorrogó recientemente, señaló que “si bien autoriza al Ejecutivo a la toma de empréstitos, al fin y al cabo los recursos salen de la población, sea por tarifas o por endeudamiento”.

Frente a eso, valoró disponer de la ley 8270 que desde la gestión reestatizadora de Celso Jaque habilita una toma especial de deuda durante para el Plan de Obras y Mejoramiento Operativo de Agua Potable y Saneamiento de Mendoza por u$s 160 millones. Un dato: para la empresa, 50% de los más de 8.000 kilómetros de cañerías ya cumplió su vida útil y debe renovarse.

En cuanto al financiamiento de costos, el gerente general de Aysam enumeró la energía eléctrica para los bombeos, el gasto en potabilización y recursos humanos como prioridades. Y en la lista de inversiones en algunas zonas aparecen barrios del oeste de Godoy Cruz y el Santa Ana de Guaymallén, como parte de un presupuesto inicial de $10 millones para la renovación de redes “dado que luego de años de no tener mejoras se arrastran problemas inerciales”.

Por su parte, Daniel Canone, secretario de Supos (Sindicato Unión Personal de Obras Sanitarias) y antecesor de Hernández en el cargo, calificó de “inédita” la compra de caños para renovación de redes ya que “nunca antes se adquirió esa cantidad” a partir de una previsión es de $70 millones. Y aunque relativizó el gasto en salarios por una reducción de la planta de personal, Canone pidió a los legisladores que atiendan la necesidad de diseñar una fórmula para el ajuste anual de la tarifa “porque si aumentan los productos químicos, ¿no debería subir la tarifa también?”.

A su criterio, la discusión no debe circunscribirse a una suba “ya que durante un montón de tiempo no hubo aumento. De lo que se trata es de recuperar el tiempo perdido, a ver si los mendocinos podemos llegar a tener el servicio que nos corresponde”.

Empatía y política

De todos modos, no tardó en descargarse un arsenal en contra del pedido de aumento. “Es una locura..a qué familia se le han incrementado sus ingresos a ese nivel?”, señaló Carlos Arenas, de Protectora Fuerza Política, para quien hasta fines de 2021 la tarifa terminará de acumular un aumento superior al 300% para llegar a casi $2.600.

Arenas coincidió con Luis Giachino, concejal de Capital, en acusar de “falta de empatía con el usuario” a la conducción de la empresa. “El estado en que se recibió la empresa y la responsabilidad de los franceses pudo haber sido excusa en su momento. Pero despues de 10 años cabe analizar la gestión de la empresa”, agregó Giachino, quien volvió a la carga contra Gallego por su perfil político más que técnico.

En la misma línea, Francisco Cartello, del CEC (Centro Empleados de Comercio), tras señalar que a su juicio “quedará poco márgen para obras”, parafraseó a Perón al decir que “en las empresas del Estado no debe haber ningún político, y tenía razón. Me gustaría que vieramos los sueldos desde la presidencia hacia abajo para que los mendocinos sepan”.

La posición de los usuarios

A la situación precaria del Oeste de Ciudad, con barrios como La Favorita y pérdidas cuantiosas de agua, durante la audiencia también se escucharon planteos como el otorgamiento de factibilidad para grandes desarrollos urbanísticos que avanzan, en tiempos de emergencia hídrica, sin garantía de acceso al agua potable.

En simultáneo, el desarrollo de la audiencia fue matizándose con testimonios de usuarios que confluían en una misma queja: cortes recurrentes, sin solución en tiempo y forma. Como lo señaló Guillermo Matus, quien llevaba 25 minutos en espera por un reclamo por falta de agua en Palmira.

Susana Gómez, vecina de Vertientes del Pedemonte (Luján) observó el peso de conexiones clandestinas: “Cuando me mudé, 9 años atrás, tenía todo un entorno verde y hoy está seco. Hay pérdidas, muchas pinchaduras, y un gran desorden, porque siguen vendiéndose terrenos que no tienen asegurada el agua. Me opongo al aumento, porque muchos usan el agua de otros, y también hay gente que quiere regularizar y no puede”.

Gómez destacó “el derroche en verano, cuando nosotros nos bañamos con agua de pozo. Me gustaría saber que sentirían otros mendocinos si tuvieran que trasladarse a buscarla en baldes y hasta con engarillas”.

Por su parte, para la godoycruceña Liliana Cortez, frente a los problemas de presión en barrios como Los Glaciares y CEC, la gestión de Aysam “fracasó”. Es un despropósito pedir un ajuste para un adulto mayor o a alguien que cobra el IFE, cuando los directores de la empresa tienen sueldos de hasta $197 mil. “Dennos aire, algo positivo, otra metodología, para que los mendocinos no sigan sacrificándose”. Fuente Sitio Andino