El pasado martes, por efecto de una orden judicial la Policía desplegó un operativo de desalojo en un terreno de dos hectáreas ubicado en la localidad de Los Alisos, jurisdicción del departamento Palpalá, donde residen miembros de la comunidad aborigen Tusca Pacha.

Como resultado, cuatro personas fueron detenidas durante las acciones, siendo liberadas varias horas después. Se trata de Rosa Gutiérrez, José Luis Fuentes, Andrés Deymonaz y Anastasia García, coordinadora provincial de la secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

En el lugar se desarrollaba pequeñas huertas comunitarias y producción de ganadería, prácticas que realizan las familias desde hace más de 50 años en ese territorio, según dijeron representantes de los campesinos.

Por su parte, la diputada provincial Alejandra Cejas (Frente de Todos) relató que en el desalojo intervino un "pelotón de combate de la Policía de Jujuy", que es el cuerpo que actúa en casos de "violencia extrema", dijo.

Dip. Alejandra Cejas, FdT Jujuy

Describió también que los efectivos portaban rifles, cartuchos, chalecos antibalas y armaduras en una situación de "beligerancia, sin advertir que iban a ingresar al predio disparando con balas de goma en defensa de un interés privado de una inmobiliaria vinculada a un funcionario provincial", denunció.

Dijo a la vez Cejas que junto a otros legisladores acompañarían a los campesinos en la radicación de una denuncia penal contra el Gobierno provincial por la "violencia" ejercida por la policía durante el desalojo de los comuneros.

La respuesta oficial vino de parte del secretario de Gobierno provincial, Diego Rotela, quien criticó la actitud "de diputados kirchneristas que pretenden avalar la toma ilegal de tierras en Jujuy, defendiendo el accionar de grupos de usurpadores que violentan el legítimo derecho a la propiedad".

En opinión de Rotela, "este accionar anómico de un sector minoritario de la oposición no es producto de su pretendido ingenio, sino más bien buscan crear la versión local de las tomas de la Provincia de Buenos Aires que afectaron a más de 315 legítimos propietarios y continúan sin resolver o dar cumplimiento a órdenes judiciales".

Diego Rotela, secretario de Gobierno de la Provincia.

También asoció este movimiento a "las usurpaciones en el sur del país, donde grupos radicalizados bajo el amparo de dirigentes políticos, azotan a distintas localidades bajo el velo de pretendidos derechos y es la misma línea que pretende justificar (el dirigente Juan) Grabois respecto de situaciones delictivas", comparó.

La presidenta de la comunidad, Juana Mamaní, dijo que sus miembros practican la agricultura familiar en pequeñas huertas comunitarias en las que producen lechugas, cebollas, zanahorias y otras verduras, a la vez que mantienen la cría de ganado para consumo personal.

"Nosotros vivimos hace más de cincuenta años en ese territorio dedicándonos a la agricultura", sostuvo Mamaní y aseguró que sus abuelos "nunca" dejaron de trabajar la tierra y transmitieron esa práctica a sus hijos y nietos.

Documento entregado a los medios por los responsables de la empresa que litiga por los terrenos tomados en Palpalá.

En defensa del criterio aplicado por el Gobierno local, Rotela sostuvo que "en nuestra provincia no solo se respeta y garantiza el derecho y el acceso a la tierra de comunidades originarias legítimamente constituidas sino que existe una política clara al respecto: hoy contamos con una Secretaría de Pueblos indígenas que trabaja articuladamente junto a todo el Gobierno con los pueblos originarios".

Exhibió como prueba de ello la sociedad constituida "con diversas comunidades en el departamento Susques que permitió que sus miembros sean parte de los procesos formativos, se empleen y participen en las ganancias de (la empresa) Cauchari Solar, que hoy vende energía limpia al sistema interconectado nacional", destacó.

Con esos argumentos en la mano, el Secretario de Gobierno pidió públicamente a los legisladores de la oposición que "no avalen el incumplimiento de la ley, que recuerden que ese accionar en 2011 costó la vida de jujeños" e insistió en reivindicar que "en Jujuy hay una política clara de tierra y vivienda, pero por sobre todo una firme convicción del Gobierno y de la sociedad de vivir en paz y en ello no claudicaremos", concluyó Rotela.