El juez de instrucción y correccional, Marcelo Picabea, rechazó un habeas corpus sin diligenciar todas las medidas, sin tomar testimonios de los involucrados y sin inspeccionar el lugar.


El habeas corpus presentado en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia por el Dr. Javier Barrios fue enviado al juez de instrucción y correccional de turno, Enrique Guillen, quien luego sacó una licencia por razones de salud por lo que la causa pasó al nuevo juez de instrucción y correccional de turno, Marcelo López Picabea.

Si bien el juez Guillen había ordenado una larga serie de medidas que se debían realizarse en el lapso de 48 horas. Estas no se llevaron a cabo, salvo un par que fueron suficientes para el nuevo instructor que “cortó y pego” argumentos del juez provincial, Raúl López Uriburu en otra causa por una medida autosatisfactiva.

Picabea rechazó el habeas corpus convalidó el alojamiento preventivo y transitorio de personas en la Escuela de Cadetes de la Policía tras considerar que quienes permanecen en esas instalaciones no padecen agravamiento alguno en sus condiciones de aislamiento.

El magistrado provincial “liquidó” el pleito en menos de 48 horas pero no asistió al lugar a verificar las instalaciones, no habló con los involucrados ni tampoco participó al abogado patrocinante de las medidas tomadas.

Finalmente, el juez Picabea advirtió que otro magistrado ya se ha pronunciado sobre esta cuestión, por lo que resultaría irrazonable permitir que se sigan presentando indefinidamente amparos colectivos por la misma causa, lo que además pondría en peligro la seguridad jurídica al poder coexistir eventualmente sentencias contradictorias.

Un fallo “amañado” El abogado patrocinante, Javier Barrios, aseguró que es un procedimiento que no reúne los requisitos de imparcialidad e independencia de los decisores, “Es un fallo ilegítimo, arbitrario. El primer juez, Guillen, no llamó a una audiencia a las partes para ver las pruebas y los hechos controvertidos.

No hubo ningún reconocimiento judicial para ver las condiciones de alojamiento. El juez Picabea no fue al lugar, lo que hizo fue cortar y pegar el fallo de López Uriburu. Tampoco me dieron traslado de los argumentos de la fiscal y del Consejo de la Emergencia para que pudiera tener elementos para la apelación”.

Agregó que: “Este fallo es lamentable, es arbitrario y cualquier juez independiente lo tacharía de nulidad. No voy a apelar porque a esta altura mi pretensión devino en abstracta porque un fallo judicial derivado por la misma acción y el mismo objeto fue producido por un juez federal, que le garantizó el debido proceso a todas las partes, supuestos que a mí me privaron en la justicia local”:




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