María Belén Altamira
Coches sin frenos, fallas en las puntas de eje, ruedas en malas condiciones, eran algunas de las falencias que Leonel Vázquez advirtió en los colectivos de la empresa Ersa que circulan por Córdoba. El hombre trabajó como supervisor de taller hasta marzo de 2023, cuando decidió renunciar por las recurrentes amenazas de sus superiores.
En diálogo con Vía Córdoba, Vázquez aseguró que fue obligado a acceder a un pacto de confidencialidad que le impedía contar el verdadero estado de las unidades de transporte. Sin embargo, en marzo, cansado de la situación y amenazas, se apartó de su puesto. Ahora, comenzó el derrotero judicial junto a su abogado Nicolás Pasciuto.
“SACABAN COLECTIVOS QUE NO ESTABAN EN CONDICIONES PARA ANDAR”
Leonel Vázquez ingresó a trabajar al taller de Ersa en octubre del 2021. Era el responsable de controlar el estado de los colectivos de la empresa que salían todas las mañanas desde punta de línea. Fue ahí, cuando empezó a detectar diferentes falencias en los coches.
Si bien asegura que cada defecto fue comunicado a su jefe, las unidades salían igual a las calles. “Eran fallas graves que indicaban que el coche no debía salir porque era una lotería que podía causar un accidente. De hecho, empezaron a registrarse siniestros por esto”, puntualizó Vázquez.
“Yo armaba el lanzamiento de coches que se hacía hasta las 7, ahí es cuando la Municipalidad de Córdoba monitoreaba la cantidad de servicios que debían estar en la calle. Si faltaban coches, la empresa era multada”, recordó y manifestó que esa era la cuestión que impedía que las unidades quedaran en el taller.
En este sentido, señaló: “Siempre indiqué las fallas, hacía carteles y se los pegaba en el parabrisas de las unidades. Pero mi jefe me decía que los coches debían estar en la calle porque nos iban a multar. Estaban justo en la época de renovación de licitación, entonces, ellos si o sí querían sacar los colectivos aún estando rotos”.
Bajo esta misma línea, especificó que, de una flota de 400 colectivos, 120 no debían salir a las calles. “Y las demás, se armaban con repuestos usados. Son coches modelo 2013 y, desde esa época, no se han hechos inversiones”, cuestionó.
AMENAZAS Y PACTOS DE CONFIDENCIALIDAD
Vázquez aseveró que sus reclamos por el mal estado de los colectivos nunca frenaron y eso provocó amenazas de su superior, Cristian Heredia, jefe de taller. “Él me decía que si había un accidente en la calle, yo debía hacerme responsable penalmente”, recordó.
Ante tal situación, decidió recurrir a su gerente, Sergio Rodríguez, para informarle el estado de los coches y la actitud de su jefe. Pero, lejos de tomar la denuncia, la autoridad le impidió seguir informando problemas. “Me dijo que no podía hablar más del tema. Pensé que iba a entender que se estaba tomando un riesgo absurdo que ponía en peligro a los usuarios y al chofer, pero no fue así”, aclaró.
Y añadió: “Ellos querían que los coches salieran, aunque sea a dar una vuelta. Lo único que les importaba es cumplir con la cantidad de colectivos que le pedía el municipio por la mañana, después si no circulaban durante el día o las frecuencias eran un desastre, no les interesaba”.
UN RECLAMO LABORAL QUE SE EXTENDIÓ AL FUERO PENAL
Las condiciones laborales, las amenazas y agresiones físicas, provocaron que Vázquez presente su renuncia a Ersa. Ahora, su abogado Nicolás Pasciuto intenta revertir esta decisión develando el contexto en el que debía trabajar.
Aún así, el reclamo laboral busca ir más allá y pedir a la Justicia de Córdoba que se investiguen responsabilidades administrativas y penales.
“Denunciamos al Ministerio de Trabajo que los obligan a asumir un pacto de confidencialidad donde no pueden contar en qué condiciones están circulando los colectivos”, señaló el letrado. Y agregó que también enviaron una nota a la Municipalidad de Córdoba reclamando responsabilidades administrativas. “No había un control real del ITV sobre las unidades”, reclamó.
“Esto arrancó como un reclamo laboral pero ahora es una denuncia de interés público. Los accidentes por el mal estado de los colectivos existieron y están documentados en las noticias”, cerró Pasciuto.
QUÉ DIJO ERSA SOBLE LA DENUNCIA
La empresa que cuenta con parte de la concesión del transporte de Córdoba no quiso responder a las consultas de este medio. Sin embargo, habló con el periodista Andrés Ferreyra y suscribió: “La persona en cuestión presenta su renuncia voluntaria a través de un telegrama con fecha 27/03/2023″.
Y adhirieron: “Confirmamos además que todas las unidades disponibles en el servicio cuentan con el control e inspección necesario para brindar los servicios requeridos”.