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| miércoles, 19 de agosto de 2026
La Municipalidad de Córdoba rompió el silencio este miércoles 19 de agosto luego de la detención de Félix César Escobar Rivarola. El inspector de Habilitaciones es investigado por presuntas extorsiones a comerciantes de la Capital.
A través de un comunicado oficial, la gestión del intendente Daniel Passerini sentó una postura tajante. El texto destacó que el municipio colabora con la Justicia y que también es parte acusadora.
Desde el Palacio 6 de Julio remarcaron que ya se pusieron a disposición de las fiscalías intervinientes. Subrayaron que, en varios expedientes vinculados a delitos de empleados, ellos mismos fueron los denunciantes.
La denuncia original contra el inspector Escobar Rivarola fue impulsada por la administración municipal. Concretamente, la presentación fue realizada por Ezequiel Hormaeche, director del Ente de Fiscalización y Control.
Este movimiento busca diferenciar a la gestión actual de las graves irregularidades detectadas en las áreas de control. El episodio se desprende de la investigación mayor conocida como “causa de los bomberos”.
Según el comunicado oficial, estas acciones judiciales son una respuesta directa a las irregularidades internas detectadas. “En varios de estos casos, la Municipalidad es denunciante”, reza el documento difundido esta mañana.
El mensaje oficial fue directo respecto a la ética que pretenden imponer en la función pública. El Gobierno local busca desmarcarse de cualquier sospecha de complicidad con los empleados que hoy están investigados.
“La impunidad y el ‘vale todo’” deben formar parte de un pasado que los cordobeses no queremos ni toleramos”, afirmaron. El texto vincula la transparencia interna con las políticas de orden público en la ciudad.
Para la gestión municipal, el orden en las calles debe tener un correlato inmediato dentro del ámbito municipal. Por ello, insisten en que no habrá protección para quienes utilicen sus cargos con fines delictivos.
El inspector detenido, de 49 años, tenía una antigüedad de más de una década en la planta permanente. Se lo acusa de exigir dinero a dueños de salones infantiles para habilitar sus locales.
En los allanamientos realizados en su casa secuestraron ocho armas de fuego, algunas consideradas de guerra. Su pareja, Flavia Paola Freites, también resultó imputada por colaborar en la percepción del dinero.
La causa, a cargo del fiscal Guillermo González, sigue avanzando con el apoyo de la Unidad de Delitos Económicos. No se descartan nuevas imputaciones mientras el municipio refuerza su rol de querellante en el proceso.
Redacción Vía Córdoba