Detuvieron a dos empleados de la Municipalidad de Córdoba por graves delitos
Dos integrantes del equipo en el Palacio 6 de Julio fueron arrestados a raíz de una denuncia de la comunidad. Los detalles del caso y la palabra del intendente.


La Municipalidad de Córdoba confirmó la detención de dos empleados del CPC Jardín acusados de exigir retribuciones ilegales a un vecino. El propio intendente, Daniel Passerini, reveló que la gestión promovió la denuncia por un testimonio de un damnificado, quien fue acompañado por autoridades del centro vecinal a ratificar el hecho en la Justicia.

“Recibimos a un vecino que denunció una situación irregular de que habían ido agentes municipales a pedirle cosas que no correspondían”, detalló el mandatario a El Doce. Según fuentes oficiales, se inició una investigación inmediata que derivó en las primeras dos detenciones, aunque no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.
El escándalo de las coimas es solo una parte de la reestructuración profunda que atraviesa el Palacio 6 de Julio por el femicidio de Agostina Vega. Durante la misma jornada, el municipio elevó un sumario para imputar a un médico ginecólogo denunciado por presunto abuso sexual en un dispensario de barrio Jardín de Pilar.

Passerini explicó que el profesional habría sacado una carpeta psiquiátrica tras la denuncia de una joven de 19 años. "Cuando nos enteramos de la situación no esperamos a ver si era noticia, avanzamos con la investigación", subrayó, marcando un cambio de perfil en el control de los agentes públicos.
Hasta el momento, la denominada "purga municipal" ya se cobró el puesto de 13 funcionarios jerárquicos. Entre las bajas más sensibles se encuentran los jefes de Tránsito, Iván Contreras y Eduardo Ramírez, cuyas renuncias fueron aceptadas de forma inmediata por sus presuntos vínculos con el imputado Claudio Barrelier.
Ante lo que Passerini calificó como una "falla del sistema", el Ejecutivo envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para endurecer los requisitos de permanencia. La iniciativa propone que todos los empleados municipales presenten su certificado de antecedentes penales cada seis meses, reduciendo drásticamente el plazo actual de cuatro años.

Además, se implementará el narcotest obligatorio para la totalidad de la planta estatal. El examen consistirá en una detección de sustancias como marihuana, cocaína y psicofármacos mediante análisis de orina. “Un agente municipal tiene que estar en buen estado de salud y si tiene problemas de consumo no está en condiciones de trabajar”, argumentó el intendente.
El endurecimiento de los controles también alcanzó al ámbito político con la salida del exconcejal Ricardo Moreno, tras admitir que apadrinó el ingreso de Barrelier al municipio. En este contexto, Passerini reveló que ya recibió más de 400 denuncias ciudadanas sobre irregularidades que están siendo auditadas.
En paralelo a la crisis de personal, el municipio mantiene firme la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido (Semm) para erradicar a los "naranjitas". El intendente defendió la medida como una herramienta para terminar con la "extorsión" y la coacción en la vía pública.

Para alivianar el impacto económico, desde este miércoles rigen cambios en el sistema: los mayores de 70 años tendrán gratuidad total, habrá una tolerancia de 30 minutos para trámites rápidos y descuentos del 75% para frentistas y comerciantes. "El orden y la convivencia no los vamos a negociar con ningún sinvergüenza", sentenció Passerini.