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| miércoles, 19 de agosto de 2026
La Justicia de Córdoba detuvo este miércoles 19 de agosto a un inspector municipal por la acusación de exigir dinero a dueños de salones infantiles para habilitar sus locales.
La investigación es liderada por el fiscal Guillermo González, quien vinculó al funcionario con pedidos de coimas a comerciantes de la Capital para avanzar con trámites administrativos.
Durante un operativo realizado en el domicilio particular del inspector, la Policía de Córdoba secuestró ocho armas de fuego, incluyendo pistolas, revólveres y escopetas de grueso calibre.
Pablo Bazán, ayudante de fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, confirmó que algunas de estas piezas son consideradas “armas de guerra” debido a su alto potencial destructivo, según dijo a La Voz.
En el mismo procedimiento fue imputada su pareja, Flavia Paola Freites, de 48 años. Según los investigadores, ella habría colaborado activamente en las maniobras delictivas del inspector.
“Su participación estaría relacionada principalmente con acciones vinculadas a la percepción del dinero que el inspector exigía”, detalló Bazán sobre el rol de Freites, quien no es empleada municipal.
El modus operandi del acusado consistía en utilizar su cargo para ejercer presión sobre propietarios de negocios, quienes buscaban obtener la habilitación definitiva de sus locales ante el municipio.
Específicamente, la causa se centra en dos casos de dueños de salones de fiestas infantiles. Escobar Rivarola les habría exigido sucesivos pagos para no trabar el avance de sus expedientes.
Según la Justicia, el inspector amenazaba a los comerciantes con clausuras arbitrarias o con frenar la documentación si no accedían a entregar las sumas de dinero solicitadas por fuera del sistema.
Es importante destacar que, las víctimas no presentaban irregularidades previas. Estaban realizando trámites regulares cuando comenzó la presión del funcionario para obtener un beneficio económico personal.
Este arresto suma un nuevo capítulo a la compleja trama judicial que rodea los mecanismos de control en Córdoba, conocida públicamente como la denominada “causa de los bomberos”.
Si bien no habría una conexión directa con los otros detenidos, esta investigación surgió como una de las 40 líneas derivadas del expediente madre sobre irregularidades en habilitaciones comerciales.
La denuncia inicial fue impulsada por Ezequiel Hormaeche, director del Ente Municipal de Fiscalización y Control. Esto, a raíz de la detección de posibles anomalías en el desempeño del personal de planta permanente.
Desde la Fiscalía del Distrito 3 no descartan que el avance de la causa derive en nuevas imputaciones. En los próximos días, la pareja detenida deberá prestar declaración indagatoria.
Redacción Vía Córdoba