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| jueves, 20 de agosto de 2026
Cuatro efectivos policiales serán juzgados por la muerte de Guillermo Bustamante, el vecino de 39 años que falleció luego de un operativo en una estación de barrio Villa Páez, el 24 de marzo de 2025. De este modo, la Justicia de Córdoba dio un paso clave.
La resolución firmada por el fiscal Guillermo González determinó quiénes son los uniformados que deberán sentarse en el banquillo. Tres de ellos enfrentan cargos graves, mientras que un cuarto está imputado por intentar ocultar lo sucedido.
Marcos Guzmán Altamirano, Juan Martín y Nicolás Bulacio están acusados de homicidio preterintencional. Por su parte, Walter Perfumo llega al juicio imputado por encubrimiento doblemente calificado por favorecimiento personal y por su calidad funcional.
Aunque los involucrados fueron pasados a disponibilidad en la fuerza provincial, actualmente transitan el proceso judicial en libertad. La querella, representada por Carlos Nayi, adelantó que pedirá el cumplimiento efectivo de la pena si son condenados, en diálogo con El Doce.
El trágico episodio ocurrió en la esquina de Octavio Pinto y Mariano Castex. Bustamante, que trabajaba como colocador de Durlock, se encontraba allí con su pareja cuando se generó una discusión con un empleado del local por el pago de una carga de combustible de 10.000 pesos.
Ante la tensión, los uniformados acudieron al lugar. Cámaras de seguridad y testimonios revelaron que los policías golpearon a Bustamante mientras aplicaban maniobras de reducción que excedieron el protocolo de actuación.
La víctima sufrió un infarto dentro de un patrullero poco después del violento procedimiento policial. Para la fiscalía, aunque no hubo intención directa de matarlo, el deceso fue desencadenado por los golpes recibidos.
Agustina Escotorini, viuda de Bustamante y testigo clave de la madrugada trágica, manifestó su alivio con el avance de la causa. “Estoy muy contenta de que se llegue a juicio, quiero justicia por mi marido y que paguen lo que tengan que pagar con la mayor sanción”, expresó, en diálogo con el medio citado.
Esta causa judicial expuso nuevamente el debate social sobre el accionar de las fuerzas de seguridad locales, sumando un nuevo capítulo a la preocupante problemática de la violencia institucional en Córdoba.
Redacción Vía Córdoba