Quiénes son las 11 agentes que van a juicio por golpear a dos internas en la cárcel de Bouwer
La Justicia de Córdoba confirmó las imputaciones contra las integrantes de las fuerzas de seguridad por las agresiones contra dos internas en el Establecimiento Penitenciario N° 3
La Fiscalía de Instrucción del Distrito 11 formalizó el requerimiento de citación a juicio para 11 integrantes del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. Las acusadas están señaladas por golpear a dos internasen el Establecimiento Penitenciario N° 3.
Según la investigación comunicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), los hechos ocurrieron en noviembre de 2025, cuando las agentes habrían violado su obligación legal de garantizar la salud física y mental de las personas privadas de libertad.
Las imputadas y los cargos
La nómina de agentes que irán a juicio incluye a Johana María Elizabeth Agüero Martínez, Nancy Belén Ávila, Mariana Geraldine Britos y Aylén Macarena de Lourdes Brizuela.
Cárcel de Bouwer.(Ministerio Público Fiscal.)
También están imputadas Dalma Milena Cabrera, Mariel Ledezma, Micaela Soledad Vera, Mariana Villafañe, Carina Soledad Villarruel, Jessica Solange Vocos y Sandra Celina Ibáñez.
Los delitos que se les atribuyen, según su grado de participación, son vejaciones calificadas y lesiones leves calificadas en concurso ideal. Además, enfrentan cargos por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
La reconstrucción del caso
La investigación judicial contó con el apoyo del propio Servicio Penitenciario de Córdoba para reconstruir la dinámica de lo sucedido dentro del penal de Bouwer. Este trabajo permitió identificar a cada una de las responsables y derivó en la posterior detención de las uniformadas implicadas en los maltratos.
Cárcel de Bouwer.(Ministerio Público Fiscal.)
Durante los operativos de la causa, también secuestraron de elementos que habían sido sustraídos durante los episodios de violencia contra las internas.
La fiscalía enfatizó que el accionar de las agentes representó una grave violación a los deberes decuidado que el Estado debe garantizar en las instituciones penitenciarias. El proceso judicial busca determinar las responsabilidades individuales en un caso que generó fuerte impacto en la opinión pública cordobesa por la vulneración de derechos en el sistema carcelario.