Recurriendo a las cámaras de seguridad, un fiscal decide otras 24 imputaciones.


Los límites del decreto presidencial sobre los derechos y garantías constitucionales están cada vez más borrosos en Córdoba, donde otros 24 trabajadores más son imputados por defender sus salarios.

Se trata de trabajadores municipales que marcharon hace dos semanas por calles cordobesas, en protesta por una ordenanza impulsada por el intendentde justicialista Martín Llaryora, que recorta sus salarios básicos y los adicionales que son calculados sobre este.

Tras participar de un reclamo que se desenvolvió en total tranquilidad, los empleados se desayunan hoy con una imputación realizada por el fiscal Andrés Godoy, a cargo de Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria, quien considera que violaron el decreto emitido por el presidente Alberto Fernández.

Según indicaron voceros judiciales a radio Cadena 3, el fiscal se basó en registros fílmicos de distintas cámaras de seguridad, para identificar a quienes participaron de la defensa de sus salarios, el pasado 8 de mayo.

La semana pasada ya habían sido imputados otros 15 municipales, entre los que se suman a dirigentes sindicales del Suoem, como la propia titular del gremio, Beatriz Biolatto.




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