Carolina Ramos
Sin apoyo de la oposición, el Frente de Todos avanzó hoy con la modificación del impuesto a las Ganancias para sociedades a través de una nueva escala progresiva. El proyecto recibió dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside el cordobés Carlos Caserio, y quedó listo para ser tratado en el recinto, posiblemente la semana próxima.
La iniciativa, que modifica la reforma tributaria de 2017 -que preveía una alícuota plana del 25% para todas las empresas-, tiene un objetivo recaudatorio: el Gobierno busca compensar el agujero fiscal que generó la reducción del piso de Ganancias para más de 1.267.000 trabajadores y jubilados.
El proyecto establece, por primera vez en la historia, nuevas alícuotas escalonadas en tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada. En la Cámara de Diputados, durante la madrugada del jueves pasado, el texto sufrió una modificación sorpresiva: se elevó el tope de la categoría intermedia, que pasó de 20 a 50 millones de pesos.
De este modo, por ganancias de hasta 5 millones de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5 y 50 millones, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 50 millones pagarán el 35%. El impacto será menor para las empresas más chicas; solo las más grandes pagarán más que en 2020.
“Es una ley justa y muy beneficiosa. Todos queremos recaudar más, y más con el porcentaje inflacionario que hay, pero es una distribución donde las que más pagan son las empresas más grandes del país, que deben ser alrededor del 10% de las empresas argentinas”, destacó Caserio.
Los tramos de las escalas se actualizarán anualmente en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y la alícuota sobre la distribución de dividendos se mantendrá en el 7% para todas las empresas, en lugar del 13% establecido en 2017.
La intención del Gobierno es empezar a desarmar, de este modo, la reforma sancionada durante la gestión de Mauricio Macri. “La idea es recuperar la recaudación del impuesto, porque esa reducción implicó una caída importante en la recaudación. Nosotros creemos que la renta tiene que estar gravada con una alícuota importante y progresiva. No estamos de acuerdo en que una reducción de las alícuotas implique un aumento en la inversión, que fue el argumento de 2017”, explicó a los senadores el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.
El funcionario detalló que algunos países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) tienen alícuotas progresivas, como Chile, Estados Unidos, el Reino Unido, Corea del Sur y Japón. “Esto va a significar un apoyo para las pequeñas empresas sin poner en riesgo la recaudación del impuesto, que nosotros queremos mantener e, idealmente, incrementar”, dijo.
Rechazo de la oposición
“Un aumento de impuestos en la situación en la que está la Argentina puede llegar a ser un problema para la recuperación económica, la inversión y la creación de empleo”, planteó el radical Víctor Zimmermann, que le preguntó a Arias cuántas empresas se beneficiarán con la alícuota más baja. El funcionario dijo no tener los datos, pero Caserio informó que será casi el 70% del universo total.
En tanto, Martín Lousteau (UCR-Evolución) enfatizó que “está claro que esto es un aumento de la presión tributaria y que ese aumento, para poder pasar el filtro político, se ha recargado sobre dos tercios de los generadores de trabajo de la Argentina, y eso va a tener impacto en la tasa de inversión -si todo el resto de los factores se mantienen constantes- tanto como en el nivel de precios y en el de generación de empleo”.
“Me llama la atención el sesgo anti-empresas grandes. A mi me encanta que tengamos políticas a favor de las pymes, pero me gustaría que Argentina tuviera muchas empresas grandes y cada vez más y que pudieran competir, porque sino generamos un sesgo anticrecimiento”, agregó Lousteau.
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El kirchnerista Oscar Parrilli sorprendió al considerar que el proyecto se queda “a mitad de camino” y, entre otras cosas, opinó que la alícuota del 7% sobre la distribución de utilidades “debería volver al 10%”, porque “cuando el Estado cobra más es porque hay mayor rentabilidad”.
“Aún antes de la pandemia ya estaba claro en el mundo que debían cobrarse mayores impuestos a las grandes fortunas, a las grandes riquezas. Lo dijo (Joe) Biden: se hicieron trillonarias algunas personas. Nosotros estamos lejos de estar gravando a las grandes ganancias: ponemos una tasa máxima del 35%, España tiene el 39% y en algunos países europeos llega al 55%”, observó.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires