Por Edgardo Moreno


Las fotocopias inconsistentes más despreciadas de la historia argentina abrieron la mayor crisis de las relaciones entre el empresariado y la política de la que tenga memoria el país reciente.

Bastó con las cenizas de unos cuadernos imprecisos para que comenzara en los tribunales federales de Comodoro Py una procesión de arrepentidos que admitieron explícitamente el pago de sobornos que durante una década tuvieron como destino los bolsillos del matrimonio gobernante conformado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Con una única pausa -por motivos fúnebres- que sin embargo no obturó el desarrollo de ilícitos similares, como quedó comprobado en el juicio donde quedó condenado, por primera vez en Argentina y para vergüenza de todos, un vicepresidente de la Nación.

Por una estrategia procesal, la mayoría de esos arrepentidos declaró que entregaba dinero en negro en manos de funcionarios públicos. Una violación de las normas electorales supone penas menores que las previstas para el cohecho. Aunque todavía falta que opinen la Administración Federal de Impuestos por eventuales evasiones y la Unidad de Información Financiera sobre el riesgo de lavado de activos. Dos consideraciones para nada menores en el caso de empresas que desarrollan actividades transnacionales.

Pero eso es territorio de leguleyos. La definición más acabada del fin y los medios la proveyó el pensador José López, la mano derecha del exministro Julio De Vido. Que tras innovar en la praxis de la caridad cristiana revoleando bolsos tras la tapia de un monasterio, ahora también incursiona en el campo de la teoría política.

Carlos Wagner, el empresario conductor del club de la obra pública durante el kirchnerismo, reveló que los sobornos eran un mecanismo no eventual sino permanente y deslizó en su declaración lo que decía López en sus arengas reservadas para justificar la exacción: “Las empresas no son de ustedes, son del pueblo. Ustedes son gerentes”.

A Juan Manuel Abal Medina (h) no le quedó otra salida que admitir el trasiego. En su caso, la inconsistencia es más grave.

El catedrático de número especializado en las relaciones entre Estado y sociedad, y autor intelectual de muchas de las propuestas que llevó el kirchnerismo al Parlamento para trasparentar el financiamiento de la actividad política, terminó reconociendo que el Gobierno recibía dinero en negro para, en teoría, solventar gastos de la elección de 2013, en la que Cristina se jugaba el sueño de la reforma constitucional para la autosucesión.

El testimonio de Wagner y la crisis pública del ex juez Norberto Oyarbide se combinaron para echar por tierra el atajo discursivo de Abal Medina. Curiosa comprobación: incluso en el apogeo del nacional populismo, el dinero continuaba siendo un bien fungible.

Si el fallo sobre el enriquecimiento ilícito de los Kirchner surgió del cuello presionado de Oyarbide, ahora lo único cierto en la ruta del dinero sucio sigue siendo su irrefutable origen: el bolsillo de los contribuyentes.

La delación de Abal Medina tiene además una resonancia adicional que debería motivar a un nuevo debate sobre la ideología que justificó el saqueo. Cuando el exjefe de Gabinete enseñaba en la cátedra, citando a Danilo Zolo, ya sostenía la necesidad de “abandonar la distinción entre el Estado, entendido como la esfera política de los intereses generales, y la sociedad civil como el área de intereses privados y particulares, propia de las teorías pluralistas”.

José López no tenía tanto vuelo gourmet, pero era más preciso para ponerle el nombre al guiso.

La investigación judicial de los cuadernos de la corrupción ha introducido un revulsivo adicional en un escenario que ya venía inestable por las dificultades del Gobierno para superar la crisis económica.

La procesión de los compungidos proveerá mañana dos fotografías por separado: la de Cristina Fernández citada por el juez Claudio Bonadio y la del equipo económico rindiendo examen en la primera revisión técnica de los enviados del FMI.

De Cristina en tribunales poco puede esperarse. Para evitar el desafuero sólo tiene que cumplir dos condiciones: no autoincrimarse ante el juez y sostener el plan de plegarias ante el bloque de Miguel Pichetto.

El ministro Nicolás Dujovne, en cambio, tiene desde el viernes motivos adicionales para suplicar que el Fondo Monetario continúe acompañando el programa comprometido de reducción del déficit fiscal. Con un mero mensaje en Twitter, el presidente norteamericano Donald Trump detonó un tembladeral en la economía turca y de paso en el conjunto de las economías emergentes.

Dujovne sólo tiene a favor un dato derivado de la crisis de los cuadernos. El peronismo con el que debe articular el próximo Presupuesto recibió con la investigación judicial un golpe duro que debilita su posición negociadora.

Pero también en contrapartida, el gobierno de Mauricio Macri aún intenta recuperarse de los daños colaterales que padeció en la discusión de la legalización del aborto.

No es una cuestión menor el deterioro político que se autoinfligió la vicepresidenta Gabriela Michetti en los tramos finales del debate parlamentario. Y no lo es, porque el debate social no concluyó. Ya está en agenda prioritaria de la próxima campaña.

Michetti condujo la discusión en el Senado con una pericia muy distante de la que exhibió en Diputados Emilio Monzó. Su posición personal no sólo fue favorable a que el país mantenga la legislación de 1921 sobre el aborto. También se mostró proclive a penalizarlo en casos de violación.

Cuesta imaginar que el oficialismo ensaye el año próximo una fórmula integrada por Macri o María Eugenia Vidal -ambos contrarios a la legalización del aborto- con la compañía de Michetti. Excluyendo de su propuesta a cualquier indicio de un pensamiento distinto.

Y si esa alquimia es improbable a futuro, comienza provocar efectos políticos desde hoy.






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