Aseguran que no habrá morigeración de pena ni impunidad y que, tras la pandemia, los presos volverán a los penales.


El presidente Alberto Fernández respalda la decisión de la Justicia de otorgar prisiones domiciliarias a los presos que formen parte de los grupos de riesgo ante la pandemia de coronavirus Covid-19 y asegura que “no se busca impunidad para nadie”.

En esa línea habló el titular del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones. Ambos afirman que las decisiones se están tomando sobre la base de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Pacto de San José de Costa Rica. Y señalaron que cuando baje el riesgo de contagio, todos deberán volver a las cárceles.

Fernández descartó que se esté buscando impunidad. Y Lugones afirmó que no habrá morigeración de pena. Ambos coinciden en que el Estado tiene la “obligación constitucional de resguardar la vida de los detenidos”. Y por ello, se analiza caso por caso.

Sorpresivamente, al cruce salió el presidente de la Cámara de Diputados. No se expresó en contra, pero aclaró que los jueces que no cumplan con la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de delitos (27.372) serán sometidos a juicio político.

Estamos viendo que en algunos lugares algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable”, dijo Massa. E instruyó al Observatorio de Víctimas de Delitos del Congreso a que denuncien a los magistrados que no cumplan la ley 27.372.

Esa ley dice que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado.

Para Lugones, los jueces están cumpliendo con esta parte del proceso. “La armadura que tenemos los jueces (ante un eventual juicio político) es la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Esto nos garantiza que no vamos a tener problemas”, dijo Lugones.

El magistrado descartó que los presos estén saliendo masivamente de los penales. Rechazó que se pueda instaurar un “criterio genérico” para las domiciliarias o liberaciones. Y aseguró que se debe analizar caso por caso mediante informe médico.

El jueves pasado, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional recomendó a tribunales inferiores que otorguen domiciliaria a embarazadas, mayores de 60 años o personas con enfermedades preexistentes. Todos deben llevar tobillera y ser controlados.

Entre el viernes y ayer, salieron de las unidades federales 140 detenidos. Según fuentes judiciales consultadas por Vía País, el 95% recibió fue enviado a su domicilio con tobillera. El resto salió en libertad porque terminó de cumplir la pena que pesaba en su contra.

El mismo viernes hubo un violento motín en la cárcel de Devoto, en Capital Federal. Los detenidos conocían de día anterior la recomendación de Casación. Allí se acordó que será revisado “caso por caso” para las domiciliarias y el Gobierno prometió mejorar las condiciones de vida en el penal.

Lugones dijo que está de acuerdo con que haya juicio político para los jueces que liberen o envíen a sus domicilio a condenados, procesados o imputados de forma “injustificada”. Pero confió en que eso no ocurrirá y los fallos atenderán la situación sanitaria.

El juez indicó también que se tiene en cuenta el delito precedente. Porque, por ejemplo, si una persona fue detenida por violar o matar a un integrante de su familia, no puede volver al hogar. Massa acordó y solicitó a los jueces que estén atentos a cada detalle.

Covid-19 en los penales

Fernández recordó que el 31 de marzo la CIDH instó a los Estados a garantizar la salud de los detenidos durante la pandemia, denunciando los amotinamientos mortales en Colombia y en Argentina.

Según estadísticas oficiales, en las 33 cárceles federales no hay sobrepoblación. Están alojadas 12.603 personas y la capacidad operativa es de 12.694. Desde octubre, 1.648 detenidos han salido (por extinción de pena, domiciliaria o fallecimiento).

Otra realidad hay en las 57 cárceles y 7 alcaldías del sistema penitenciario bonaerense. Allí viven 44.810 presos cuando la capacidad máxima operativa es de 29.000. Desde la declaración de pandemia, unos 1.200 iniciaron huelga de hambre para ser excarcelados.

Según Lugones, ante estos escenarios, “no se puede poner en riesgo la salud de la personas”, por lo que si hay razones para otorgar domiciliarias, el juez debe hacerlo. “No se puede poner en riesgo la vida, lo dice la Constitución Nacional”, agregó.

Fernández, quien también es abogado penalista de profesión, añadió que la cárcel es un lugar de concentración humana en la que hay un alto riesgo de que el coronavirus se propague con facilidad. Y allí vive gente con factores de riesgo, como diabéticos o HIV positivo.

Según se confirmó el domingo, en Devoto hay dos casos positivos de coronavirus entre los presos. Serían personas que se habrían contagiado de un agente del Servicio Penitenciario Federal.

El Presidente aclaró que “no es un tema simple” porque el argumento sanitario se “mezcla con criterios de justicia”. Y sostuvo que también hay en las cárceles “mucha gente que no tiene condena y está exponiéndose peligrosamente”. Sólo el 46,16% de todos los detenidos en cárceles federales están condenados.




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