La Cámara Federal de La Plata decidió excarcelar este miércoles a Jorge Castillo, el "rey de La Salada", en una causa por supuesta evasión impositiva por los negocios en los puestos de la feria de Lomas de Zamora.
El acusado ya tenía otorgada una prisión domiciliaria en otra causa que aún no había sido efectivizada. Tras pagar una fianza de 500.000 pesos, se irá a vivir a su mansión de Luján, donde había sido detenido en el 2017 tras balear a un policía. y será monitoreado por una tobillera electrónica.
El beneficio de la domiciliaria fue otorgado en las últimas horas por la sala III de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, que hizo lugar a un planteo de la defensa de Castillo (62).
"La resolución de la Cámara muestra que al menos una de las imputaciones que tenía Castillo estaba basada en pruebas falsas y con testimoniales que fueron direccionadas por el fiscal (Sebastián Scalera) para perjudicarlo", dijo el abogado del "Rey de la Salada", César Albarracín, en declaraciones a Télam.
Aún resta que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) realice los informes técnicos en la mansión para poder instalar el sistema de monitoreo y, luego, podrá ser trasladado allí, posiblemente la semana próxima.
Castillo está procesado, por un lado, por el juez Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.
Pero además está acusado por el juez de Lomas de Zamora, Gustavo Craig, por "asociación ilítica" y "tentativa de homicidio", por las heridas que sufrió el policía durante el procedimiento realizado en su mansión, cuando efectuó dos disparos a través de la mirilla de la puerta blindada de una de las habitaciones e hirió a un efectivo.
En el marco de esta causa, el juez dio por concluida la instrucción, por lo que Castillo ya estaría en condiciones de enfrentar un juicio oral, en el que además habrá otros 33 acusados, entre ellos algunos familiares del "Rey de La Salada".
Ahora, en el marco de esta causa, los camaristas Martín González, Jorge Tristán Rodríguez y Tomás Bravo consideraron en su resolución, en base a dos peritajes incorporados a la causa, que "los disparos efectuados por Castillo desde el interior de la habitación no fueron dirigidos a los efectivos policiales" y agregaron que existía un "desconocimiento por parte del encausado del ingreso del personal policial" a su casa.
Por eso, consideraron que "disponer un arresto domiciliario con tobillera electrónica deviene ahora en una alternativa legítima y confiable".
La causa al "Rey de la Salada" comenzó en abril de 2015, cuando tras un desalojo se determinó que un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los tres predios habilitados, Urkupiña, Cooperativa Ocean y Punta Mogote, este último administrado por Jorge Castillo.