Pasaron 25 años desde que se inició el diálogo para el acuerdo. Y habrá que esperar una década más para la vigencia plena.


En septiembre de 1997 el presidente Carlos Ménem dijo que el Mercosur y la Unión Europea estaban hablando en pos de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que podía estar vigente al cabo de cuatro o cinco años.

Ya entonces del otro lado del Atlántico la mirada era otra. “¿Existirá el libre comercio de las Américas para el 2005?”, se preguntó Paul Smayke, miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial.

Conocedor de los pormenores del viejo continente, Smayke fue más realista que Memen y que la mayoría de los presidentes sudamericanos que impulsaron esta iniciativa en los años 90 e inicio de los 2000.

En 1994, los bloques habían firmado en Bruselas la Declaración Conjunta Solemne que estableció las bases de la estrategia destinada a fortalecer las relaciones entre ambas regiones. Uno de los ejes era la cooperación económica y comercial.

Hasta el 2000 hubo idas y vueltas que no condujeron a nada. La crisis de 2001 en la Argentina volvió a demorar todo. Y las propias tensiones internas en el Mercosur hicieron su aporte a la dilación.

La conducción política de la Unión Europea siempre estuvo interesada en el TLC para evitar que le pase con Sudamérica lo ocurrido con África, que estrechó su relación geopolítica y comercial con China, tras décadas de destrato por parte del “viejo continente”.

Con la llegada de gobiernos populistas, la región cambió su eje geopolítico. El diálogo giró hacia China, Rusia, Sudáfrica y la Venezuela de Hugo Chávez. El libre comercio se consideraba una amenaza, no una oportunidad.

Las administraciones de Lula Da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016) en Brasil y Néstor y Cristina Kirchner en Argentina (2003 y 2015) cambiaron las relaciones de sus países con el mundo, pero también los modelos económicos aplicados adentro.

Estos gobiernos aplicaron políticas proteccionistas, en pos de lo que consideraron una defensa de la industria y el empleo local. Quizás más en sintonía con lo que hoy promueve fronteras adentro Donald Trump, mientras evangeliza con el libre mercado hacia el exterior.

A pesar de los intereses políticos en ambos bloques, por las dificultades para alcanzar un acuerdo en el capítulo comercial (debido en gran parte a las resistencias corporativas), a fines de 2004 se tomó la decisión de abrir un cuarto intermedio en las negociaciones.

A partir de 2003 se habían tensado las relaciones con Europa y Estados Unidos. El punto culmine fue el 5 de noviembre de 2005: en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata los cuatro presidentes del Mercosur más Chávez frenaron el ALCA promovido por George Bush.

Recién en la Cumbre de Madrid del 17 de mayo de 2010 los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Parte acordaron relanzar las negociaciones. La primera ronda negociadora de esta nueva etapa fue en Buenos Aires en julio de ese año.

A partir de allí, hubo treinta rondas de negociaciones técnicas y a nivel ministerial. Y fue la gestión de Mauricio Macri la que en 2016 decidió darle al tema un impulso definitivo, para lo que buscó primero una posición homogénea del Mercosur.

El objetivo era inicialar este acuerdo en el marco de la undécima reunión ministerial de la OMC en Buenos Aires en diciembre de 2017. Todo se frustró por la resistencia europea a ceder a cupos de mercancías solicitados por el Mercosur. Ahora se cerró el entendimiento político.

Pasarán al menos dos años para que el acuerdo empiece a caminar dado que los parlamentos de los 28 países europeos tendrán que respaldarlo y luego se vendrá la fase de reglamentación. Para la vigencia plena se necesitará, mínimo, una década.

El propio Macri lo advirtió el 25 de enero de 2018. Tras el convenio político deberá encararse el entendimiento legal de dos años. Luego, unos diez años más para completar el proceso de integración.

Por la corresponsalía Buenos Aires.





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