Lo decidió el juez Lijo, por lo que continuará la investigación sobre la empresa vinculada a la familia Macri.


El juez federal Ariel Lijo rechazó este lunes el planteo que hizo el titular de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, para anular la causa penal que investiga la quita que hizo el Estado de una deuda multimillonaria que tenía la empresa y que luego quedó trunca.

De esta manera, seguirá su curso esta investigación en la que está imputado el exministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, entre otros.

Robirosa, y el abogado de la empresa, Jaime Kleidermarcher, habían pedido cerrar la causa, bajo el argumento de que existe una “finalidad política” detrás del dictamen oportunamente emitido por la fiscal Gabriela Boquín en la justicia comercial, y que después tomó el también fiscal Gerardo Pollicita, ya en el expediente que se tramita en la justicia federal.

En 1997 se privatizó el Correo Argentino y el grupo de la familia Macri ganó la concesión por 30 años. Sin embargo, el contrato fue rescindido por el gobierno de Néstor Kirchner, que acusó a la empresa de haber pagado el cánon solo en el primer año de gestión.

Entonces, comenzó una causa judicial por una deuda de US$ 296 millones hasta que en junio de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado nacional acordó con la empresa una quita del 98,87 por ciento de la deuda.

Ese acuerdo fue rechazado por la fiscal Boquín, que lo consideró “abusivo y ruinoso” y “perjudicial para la administración pública”. Según la fiscal Boquín, la actualización de la quita aceptada por el Estado nacional en el concurso preventivo supera los 70 mil millones de pesos.

Según la defensa de Correo Argentino, a junio de 2016, la cifra por los cánones adeudados ronda los 600 millones de pesos, por lo que la quita que había aceptado el Estado nacional rondaría el 50 por ciento.

Por esta causa, el 28 de marzo pasado fue indagado el ministro Aguad. Él sostuvo en un escrito que el fallido acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A. era “conveniente para la Administración” y pidió su sobreseimiento en la causa que investiga estas presuntas irregularidades.

“Mi intención fue procurarle una ventaja, la única posible según mi entender, evitando con el acuerdo cuestionado que su crédito siguiera licuándose con el paso del tiempo, lo que consideré mi deber”, sostuvo Aguad y agregó que “la quiebra hubiera significado la posibilidad cierta de no cobrar nada, no se daban las condiciones para su extensión a otras personas jurídicas”.

La indagatoria de Aguad fue la última de una ronda de cuatro declaraciones: antes pasaron por el juzgado de Lijo el presidente del directorio del Correo Argentino S.A., Robirosa, el abogado de esa firma Jaime Kleidermacher, y el ex ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa.

Corresponsalía Buenos Aires.





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