Impulsar un proyecto de Ley para incentivar el trabajo en mayores de 40 años

La iniciativa fue de la diputada rionegrina Lorena Matzen, quién sostiene la importancia de atender las necesidades del colectivo etario.

Adultos mayores: imagen ilustrativa.
Adultos mayores: imagen ilustrativa.

La diputada nacional Lorena Matzen (UCR-Río Negro) impulsa en el Congreso un proyecto de ley denominado "Segunda Oportunidad", que crea un régimen de promoción e incentivo laboral para las personas mayores de 40 años de edad y prevé bonificaciones para los empleadores de ese colectivo etario.

Tercera edad. Imagen ilustrativa.
Tercera edad. Imagen ilustrativa.

"En Argentina, el 80% de las ofertas de empleo son para personas menores de 40 años de edad, y unas 800.000 personas mayores de 45 años no pueden volver al mercado laboral, sean o no profesionales, por lo que la problemática no se relaciona directamente con el grado de formación académica", informó la funcionaria a Télam.

Matzen también se refiere a las consecuencias psicosociales originadas en la exclusión de este colectivo de los circuitos laborales. Pero asegura que su proyecto "no tiene una mirada asistencialista, ya que apunta a poner en valor la enorme capacidad de este segmento etario compuesto por personas jóvenes y en plena edad activa".

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asegura que "las economías que tienen una fuerza de trabajo en promedio de mayor edad tienen más probabilidades de experimentar una aceleración de su crecimiento".

La diputada señaló que "somos conscientes de que el problema del desempleo no atañe sólo a los mayores de cuarenta años, pero también conocemos múltiples programas y planes de empleo para los segmentos jóvenes y si a eso le sumamos que cada vez más empresas apuestan por perfiles juveniles o de recién graduados, nos encontramos con la exigencia de pensar en mecanismos que atiendan la situación de este colectivo etario".

El proyecto estipula una vigencia de 4 años para el régimen "Segunda Oportunidad" y otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 120 días para su reglamentación.